MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME) y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) criticaron hoy el contenido de la nueva Ley de Extranjería aprobada en el Congreso de los Diputados porque "es insuficiente" y porque se han mantenido e incorporado distintos aspectos que a su juicio, "obstaculizarán" la convivencia.
El portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, expresó en declaraciones a Europa Press, su "decepción" por el contenido de la nueva ley, porque la organización esperaba que se retirase la ampliación del plazo de internamiento y la restricción de las reagrupaciones familiares, que se han mantenido pese a "la presión de las entidades sociales" y a que "son vulneraciones de derechos de las personas migrantes".
"Tenemos un sabor agridulce en espera del Reglamento, porque no entendemos lo que pueden llegar a significar términos que se han introducido, como el 'esfuerzo de integración'", señaló Jiménez, para expresar también su malestar porque las víctimas de violencia de género en situación irregular vayan a seguir enfrentándose a un expediente de expulsión si acuden a una comisaría a denunciar.
En este sentido, el presidente de ATIME, Kamal Rahmouni, incidió en la importancia de que el reglamento de la Ley vaya en la línea de "ampliar los aspectos positivos y reforzar los derechos" que reconoce, porque "habrá que ver" qué ocurre con estas mujeres que denuncian violencia de género mientras se prolonga el procedimiento judicial y eso "se verá con el desarrollo de la ley".
En términos generales, para Rahmouni la reforma "es insuficiente" porque si bien "se avanza en algunos aspectos, como que las ONG puedan por fin entrar en los Centros de Internamiento, preocupan recortes como el de la reagrupación familiar o las trabas que se imponen para el empadronamiento, que va a impedir ejercer a quienes estén en situación irregular muchos, algunos fundamentales".
Por su parte, desde Ferine consideran que es una ley "xenófoba y racista, que va en contra de la historia más reciente de España y vulnera derechos fundamentales de las personas" porque "criminaliza el hecho de ser inmigrante, en un marco general de reducción de los derechos sociales".
"Esta es también, una ley represora que legaliza el castigo con 60 días adicionales de prisión en las cárceles de internamiento de extranjeros (CIEs) a las personas indocumentadas; es una ley desigual que agrava y obstaculiza la convivencia y sanciona la solidaridad", denunció la organización.