Organizaciones prosaharauis presentan una denuncia administrativa

Sostienen que el Gobierno ha incumplido la legislación española al autorizar ventas de material de Defensa y de doble uso al reino alauí

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones prosaharauis han presentado este viernes una denuncia administrativa en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contra las exportaciones de armamento a Marruecos, ya que consideran que se está incumpliendo la legislación española al vender este tipo de material a un país que viola de forma reiterada los Derechos Humanos de la población civil saharaui.

Hasta siete organizaciones firman la denuncia que algunos de sus representantes registraron esta mañana en el departamento que dirige Miguel Sebastián. Se trata de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental, la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

La abogada Inés Miranda, representante legal de la activista saharaui Aminetu Haidar y una de las letradas que ha preparado la denuncia, explicó a la prensa que el artículo ocho de la ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007 que regula el comercio exterior de material de Defensa y de doble uso (aquél cuyo uso habitual es el civil pero que puede servir también para fines militares) impide la transferencia de este tipo de productos a Marruecos.

Dicho artículo establece concretamente que las autorizaciones de exportaciones de material de Defensa y de productos y tecnologías de doble uso serán denegadas, suspendidas o revocadas "cuando existan indicios racionales" de que el material pueda ser empleado "en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad", "puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos".

La ley añade que para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como la Guía del Usuario del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas.

Miranda añadió que la denuncia argumenta cómo Marruecos "no cumple las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas que le conminan a respetar la paz en el Sáhara Occidental y a no ejercer sobre la población civil la violencia". Recordó que existen en las cárceles marroquíes "más de 50 presos de conciencia" y que las fuerzas de seguridad marroquíes cometen regularmente "agresiones y represiones violentas" de los activistas saharauis.

"No existe razón alguna" para que el Gobierno español autorice la exportación de material de Defensa a Marruecos por parte de empresas españolas, resumió la letrada, que destacó que ésta es la primera denuncia que se presenta en España contra la venta de armas a un país extranjero.

El presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Abdeslam Omar, aseguró por su parte que Marruecos siempre usará el armamento que le vendan contra la población saharaui.

Las organizaciones denunciantes esperarán la respuesta que les dé el Gobierno (no creen que llegue antes del verano) y, en función de ésta, podrían decidir acudir o no al tribunal contencioso administrativo.

Según los datos de los denunciantes, las exportaciones de material de Defensa y de doble uso a Marruecos alcanzó en 2007 los 176 millones de euros; en 2008, 113 millones y en el primer semestre de 2009 más de 29 millones de euros.