"¿Por qué el 75% de las empresas ordinarias no cumplen con la Ley General de Discapacidad?". Por LEIALTA

   En España, actualmente unos 4,38 millones de personas tienen reconocida una discapacidad de cualquier tipo, tal y como señala el Instituto Nacional de Estadística. De esta cifra, tan sólo una de cada cuatro accede a un empleo digno, lo que supone una tasa de ocupación de un 35,7%. Esto representa una diferencia de más de 40,3 puntos en comparación con la tasa de las personas sin discapacidad, según indican informes del INE.

   Aunque la Ley General de Discapacidad establece que las empresas con 50 o más empleados deben reservar un 2% de sus puestos para personas con discapacidad, son muchas las compañías que siguen sin cumplir con esta obligación legal.

    Tanto es así que la tasa de incumplimiento llega hasta el 75% de las empresas, de esta manera destaca el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET) en su último informe del año 2021. Sin embargo, aunque la situación mejora, lo hace de manera insuficiente y demasiado lenta. Pues, se deja en evidencia la brecha salarial del 17,2% entre trabajadores con y sin discapacidad, que revela la necesidad de medidas más efectivas para una verdadera inclusión laboral.

   ¿Existen soluciones para remediar estas cifras?

   Año tras año seguimos observando un alto nivel de incumplimiento y una persistente desigualdad en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Cabe destacar, además, que el 33% de las personas con discapacidad en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que evidencia la necesidad de trabajar a favor de la inclusión social y laboral de estas personas, indica el Libro Blanco sobre Discapacidad del año 2023.

   Uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de esta ley, así señalan desde Fundación ONCE en un informe presentado este 2024, es la dificultad que tienen las empresas para encontrar trabajadores con discapacidad que cumplan con las cualificaciones necesarias. Pues, la falta de formación especializada, el desconocimiento de recursos disponibles y la carencia de infraestructuras para facilitar la inclusión son factores que agravan este problema.

   Es decir, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, también reportan dificultades en la adaptación de sus infraestructuras para hacerlas accesibles. La falta de inversión en adaptación tecnológica y física es una barrera que limita la contratación. Según el Informe del Mercado de Trabajo de Personas con Discapacidad 2024 elaborado por el SEPE, muchas compañías ven estas adaptaciones como un costo adicional que no están dispuestas a asumir.

   Además, es importante señalar que muchas de las empresas tradicionales pueden subestimar las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad, especialmente, en áreas donde, realmente, su condición no afecta al rendimiento laboral. Esto se traduce en falta de confianza y también empuja a obviar la normativa.

   Sin embargo, la LGD contempla ciertas medidas alternativas, lo que nos lleva a preguntarnos el porqué de este incumplimiento: ¿será por desconocimiento?

   Para mitigar esta situación, sin duda, una de las opciones más eficaz es la de colaborar con un Centro Especial de Empleo (CEE). Estos centros facilitan la integración laboral de personas con discapacidad, ofreciendo empleos adaptados a sus capacidades y necesidades. Es crucial que las empresas exploren estas vías como una solución viable tanto para cumplir con la normativa, como para aportar un impacto social positivo.

   En este sentido, las empresas tienen la opción de considerar todas las vías que ofrece un CEE como medida alternativa. Sin duda, es una solución simple y viable para encontrar ese doble beneficio empresarial y social.

   Tal y como apunta el informe del 2023 del ODISMET, estas medidas son una base importante para las empresas que están en vías de llegar a cumplir con los objetivos de integración. Ya que, además de contar con un CEE, pueden realizar donaciones o patrocinios a fundaciones que fomentan la integración laboral. O, como última alternativa, pueden financiar proyectos destinados a crear empleo para personas con discapacidad. Esto incluye la creación de puestos de trabajo en empresas de inserción laboral y la implementación de programas específicos de empleo.

   La apuesta segura por la inclusión

   Estas empresas han permitido facilitar oportunidades de trabajo que se ajustan a las capacidades individuales de cada persona, garantizando un entorno inclusivo y de apoyo.

   Desde LEIALTA, como consultoría empresarial y social que ha creado más de 30 Centros Especiales de Empleo solo en la Comunidad de Madrid y, con ello, ayudado a más de 5.000 personas con discapacidad a tener un puesto de trabajo, sabemos que la creación de este tipo de empresas va mucho más allá de cumplir con requisitos legales.

   No podemos obviar que el hecho de no acceder al mercado laboral es una de las principales causas del riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, apostar por la contratación de un Centro Especial de Empleo o crear uno es construir una sociedad más justa y un futuro laboral más inclusivo y equitativo para todas las personas, a la vez que se establece un estándar elevado de inclusión y responsabilidad social corporativa.

   Sin duda, cada puesto de trabajo creado en estos centros está diseñado para ser no solo productivo y remunerado, sino también para ser un espacio donde las habilidades únicas y las capacidades individuales de cada empleado con discapacidad sean valoradas y fomentadas.

   Javier Martínez Galiana es socio y director de LEIALTA Consultoría empresarial y social, especializada en la creación de Centros Especiales de Empleo (CEE).