La mayoría de las empresas modernas comprende que la sostenibilidad es una demanda del mercado, una exigencia legislativa creciente, e incluso una cuestión de supervivencia según el escenario, respecto a saber, captar y retener talento, a resistir a las consecuencias del cambio climático, o a evitar la polarización social.
Contamos con multitud de instrumentos para promover directa o indirectamente las buenas prácticas empresariales. Algunos son obligatorios, como los tratados internacionales en materia laboral, de derechos humanos y de medioambiente. Otros son voluntarios, como los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), u otros textos a modo de guías prácticas que elaboran y publican muchos organismos internacionales con el fin de ayudar a las empresas a interpretar y aplicar la sostenibilidad en su día a día.
En última instancia, si nos centramos un momento en los ODS, más de la mitad de ellos tiene su raíz jurídica en aspectos procedimentales de derechos humanos (agua y saneamiento, vivienda, igualdad, infraestructuras para su consecución). Los ODS buscaron, en su momento, reconciliar dos agendas hasta entonces separadas: una dominada por economistas y orientada al desarrollo y crecimiento de los países menos avanzados; y, la otra, centrada en el respeto de los derechos humanos, que hasta entonces eramás reactiva que propositiva). Los ODS son, en suma, una iniciativa que busca estrategias para satisfacer las necesidades de crecimiento económico, si bien ejecutadas con una visión transversal de sostenibilidad y derechos humanos. El ODS 9, sobre infraestructuras, es medular a todos ellos, pues esas inversiones son indispensables para mejorar el cumplimiento de muchos derechos humanos. Las empresas desempeñan un papel central en el ámbito de las infraestructuras para un desarrollo económico sostenible. Dicho coloquialmente, atraer inversión y actividad económica pero ya no a cualquier precio, sino teniendo en cuenta la responsabilidad social y ambiental.
No se nos escapa que los ODS han sido el objeto de numerosas críticas, muchas veces más políticas que técnicas, pero conviene recordar que son apenas uno más de los instrumentos que emplean las empresas para promover prácticas social y medioambientalmente responsables. De hecho, los ODS nunca han sido un instrumento particularmente práctico, a diferencia de otros más útiles para el día a día de la empresa, aunque menos conocidos por la opinión pública, como Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE, y un largo etcétera de textos técnicos similares.
La evolución reciente, liderada en este sentido por la Unión Europea, ha conducido a un incremento del peso de las obligaciones legales como tales, aunque siguen conjugándose con esos otros instrumentos voluntarios, con valor de recomendación y de guía técnica.
No podemos obviar que la responsabilidad social y la sostenibilidad se encuentran en plena crisis de madurez, que atribuyo fundamentalmente a tres factores:
.- El auge de las tensiones geopolíticas y de otros riesgos no financieros, que ponen a prueba los compromisos de muchas de nuestras empresas.
.- La politización creciente de algunos aspectos y quiebra de ciertos consensos históricos, que ha llevado a un mal envejecer de los mismos ODS.
.- Subsiste una relativa desprofesionalización que deteriora su imagen, pues aún falta mucha formación ante la tecnificación en aumento de estos temas y en ocasiones saltan polémicas en torno a algunas malas prácticas.
Sin embargo, hoy más que nunca las empresas están incorporando en su ADN estratégico la sostenibilidad porque les servirá, precisamente, para navegar tiempos de volatilidad y para ser más resistentes (o en la jerga, "resilientes") a la carestía de la energía, la menor disponibilidad de recursos naturales, la polarización social, los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes con el cambio climático, los nuevos modelos de relaciones laborales y de retención del talento.
Solemos hablar de introducir "criterios ESG", que no es otra cosa que repensar la actuación de la empresa atendiendo a sus tres dimensiones: ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Es clave la I+D+i aplicada (que incluye a la Inteligencia Artificial), para que ser sostenibles no signifique ser más caros o menos competitivos. Podemos afirmar que ser una empresa sostenible es, hoy por hoy, una cuestión estratégica de resiliencia y competitividad a medio-largo plazo.
Alberto Jiménez-Piernas García es profesor coordinador de RSC en Universidad Alfonso X el Sabio y Consultor-CEO en Segara.