Sin avances en la información no financiera de empresas del Ibex y poca transparencia en DDHH y corrupción según estudio

   Medio ambiente, derechos laborales y consumidores, las áreas sobre las que las empresas presentan más información

   MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado este miércoles su informe anual 'La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35', referente al ejercicio 2020 y en el que se constata que, tras tres años de vigencia de la ley 11/2018, no se aprecian grandes avances en la información no financiera que aportan las empresas, siendo las áreas con menor grado de transparencia las de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

   Este informe analiza la calidad de la información no financiera reportada por las empresas del Ibex 35 en siete áreas: buen gobierno, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores, pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas.

   Así, concluye que, desde que entrara en vigor la ley en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información que reportan las empresas del Ibex 35 ha mejorado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 39,72 en 2020. A pesar de esta mejoría, sin embargo, aún están las empresas del Ibex 35 muy lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma.

   "Pese a este ligero avance, las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento", explica el coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez . Y añade que "contar con una información no financiera comparable, fiable, material y relevante es uno de los fundamentos para conseguir los objetivos marcados por Europa y España que a través de distintas estrategias y planes persiguen virar nuestra economía hacía un modelo sostenible".

   Según el estudio, las cinco primeras empresas en el ranking son Iberdrola, Endesa, REC, Acciona y Banco Santander. Las empresas del selectivo aportan información más completa en las áreas de clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales y de medio ambiente. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

   El estudio también analiza la información no financiera del 2020, en los meses en los que el impacto económico generado por la pandemia ha sido más relevante, cuando seis empresas informaron no haber realizado reparto de dividendos durante el 2020: AENA, Amadeus, ArcelorMittal, IAG, Indra y Meli Hotels.

   Con relación a la retribución global de los consejeros, 23 de las 35 empresas del Ibex 35 experimentó una disminución con respecto al año anterior, llegando media docena de ellas a una disminución superior al 30%. Sin embargo, la retribución media devengada por el conjunto de los consejeros de empresas pertenecientes al Ibex 35 en 2020 se situó en 735.000 euros anuales, un incremento de 25.000 euros anuales por consejero respecto a 2019, de acuerdo con el Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros de las Sociedades Cotizadas de la CNMV.

   La tendencia creciente sobre una mayor regulación de la responsabilidad de los consejeros en términos sociales y medioambientales ha incidido en que más empresas (20 en 2020) informen sobre objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, añade el estudio, es anecdótica la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia en integridad y RSC, con solo cinco empresas que cuentan con estos perfiles.

   Por otro lado, la información que aportan las empresas del selectivo sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis: un año más, los autores del estudio constatan las buenas intenciones, que quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión. Así, mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 11 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, y 7 informan sobre procedimientos para evaluar estos riesgos.

   En la lucha contra la corrupción, solo 8 empresas del Ibex 35 señalan riesgos específicos en esta materia y baja a 7 las que aportan información sobre la realización de una evaluación de riesgos de corrupción a lo largo de 2020. La mayoría se limitan a mencionar 'controles' en materia de compliance, sin reportar hasta qué punto suponen una evaluación de riesgos. Además, ninguna empresa identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan un mayor riesgo de corrupción.

   Persiste un incumplimiento reiterado de las obligaciones de la Ley de Transparencia, pues solamente 3 de las 26 empresas que son sujeto obligado tienen apartados específicos de transparencia en su web corporativa, con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública.

   En este sentido, los autores del estudio recuerdan que la emergencia de la COVID-19 supuso la agilización de los procedimientos para la contratación pública o el apoyo a las grandes empresas. En 2020, 7 empresas del IBEX 35 fueron beneficiarias (subvenciones o préstamos) pero solo 4 reportan específicamente los importes recibidos por dichos conceptos. Ninguna informa sobre la contratación por vía de emergencia, de la que se habrían beneficiado 7 de las 35 empresas entre marzo y diciembre de 2020, de acuerdo con la organización Civio.

   En cuanto a las actividades de lobby, solo 2 empresas disponen de una política específica. Un total de 10 empresas informan estar registradas en 2020 como grupo de interés directo en alguna institución pública y 7 empresas detallan la actividad de lobby realizada con relación a desarrollos regulatorios de políticas públicas vinculadas con su ámbito de actividad. Apenas una empresa menciona actividades orientadas a la obtención de apoyo financiero público (subvenciones, préstamos, reducciones o aplazamientos de impuestos y cuotas a la seguridad social) en el contexto de la crisis sanitaria.

   Por otro lado, 14 empresas cuentan en su consejo de administración con ex altos cargos, en España o en el extranjero, que cesaron de sus funciones en un plazo menor a 10 años respecto a su incorporación al consejo (12 de ellas en España).

SIN IMPACTO SIGNIFICATIVO

   Por todo ello, el informe concluye que las empresas del selectivo han registrado un bajo nivel de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 11/2018 durante el ejercicio 2020, de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio de RSC, por lo que no se puede afirmar que esté teniendo un impacto significativo en la transparencia en su tercer ejercicio de aplicación.

   Los autores subrayan que la falta de criterios específicos sobre la información a reportar limita en gran medida la eficacia de la Ley y es sin duda un factor relevante a la hora de explicar los bajos resultados y creen que debería ser abordado con urgencia por parte de las autoridades competentes sobre todo tras la experiencia de los ejercicios 2018 y 2019 que debería haber servido, a su juicio, tanto a los reguladores como a las propias empresas, para corregir la indefinición en torno a la información que deben reportar en el marco de esta Ley.