Una cuarta parte de los proyectos públicos de almacenamiento de datos en Reino Unido no cumple normas europeas de DDHH

Un estudio concluye que el británico es el Estado de vigilancia más invasivo y con la peor privacidad de Occidente

LONDRES, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cuarta parte de los grandes proyectos de almacenamiento de datos elaborados por el Gobierno británico atenta contra la legislación europea que protege la privacidad y la propia normativa de defensa de los Derechos Humanos, incluyendo el polémico plan de carnés de identidad, según un informe publicado hoy que apela a abandonarlos o redefinirlos.

El documento, elaborado por el Joseph Rowntree Reform Trust --un grupo con representación de todos los partidos políticos que supervisa las libertades civiles y la justicia social-- aparece como uno de los más pormenorizados análisis realizados hasta ahora en Reino Unido sobre el estado de las bases de datos y asegura que hasta once de los 46 grandes paquetes previstos deberían recibir una "luz roja" inmediata.

Como resultado, los grupos más vulnerables, como representantes de menor edad de las minorías étnicas, padres solteros o niños, en general, se convierten en víctimas de un sistema que, según los autores, quiebra las leyes básicas de Derechos Humanos y desperdicia ingentes cantidades de dinero público al año.

El estudio concluye que Reino Unido representa actualmente el "Estado de vigilancia más invasivo" y con la peor protección de la privacidad que cualquier democracia de Occidente, para lo que da cuenta de casos concretos de ciudadanos que han tenido problemas por las bases de datos, como una adolescente de 13 años con antecedentes criminales de por vida por un incidente en el patio de recreo.

Los autores calculan en 16.000 millones anuales el gasto público en esta materia y en 105.000 millones más los previstos para el próximo lustro, pese a que el propio Gobierno ha admitido que sólo el 30 por ciento de los proyectos logran resultados. Con todo, actualmente las redes estatales cuentan con miles de bases de datos vigentes, si bien el Ejecutivo ignora el número real.

PARTICULARES RIESGOS

Además, el informe advierte de que los niños sufren un particular riesgo, como prueba que tres de las principales bases de datos promovidas al respecto hayan fracasado, o el propio sistema del Ministerio del Interior que reúne información de numerosas fuentes para estimar qué menores delinquirán, lo que podría suponer una estigmatización en contra de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.

En este sentido, el informe asegura que más de la mitad de los 46 proyectos y sistemas barajados tienen "problemas significativos" tanto en la protección de la privacidad como en términos de eficacia, por lo que podrían acabar siendo trasladados a los tribunales. En contraposición, tan sólo seis logran una "luz verde" por su efectividad, proporción y necesidad, así como por contar con bases legales que garantizan que no se producirán intrusiones de privacidad.

Otros 29 reciben "luz ámbar" debido a irregularidades que van desde la posibilidad de ser ilegales, e implicarían abandonarlos o reformularlos, a la obligación de enmendarlos para permitir a las individuos optar a ellos, como ocurriría con determinados registros del Sistema Nacional de Salud o la base de datos sobre la obesidad infanti, el registro nacional de ADN o un índice referido a todos los menores de Inglaterra y su relación con los servicios públicos británicos.

Por ello, el informe apela al Gobierno a almacenar los datos de una forma más transparente que garantice el acceso a información sensible sólo con el consentimiento de los interesados, o al menos que se clarifiquen las normas, especialmente tras los escándalos protagonizados en los últimos meses por el Ejecutivo británico en la pérdida de datos.