Callar la violación por miedo a la expulsión: extranjeras y vulnerables

Documenta la discriminación sanitaria a la que están expuestas por no tener permiso de residencia

   MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Las mujeres que viven en España sin permiso de residencia son tan vulnerables como invisibles frente a las agresiones sexuales, porque además de lidiar con la precariedad económica y la falta de redes de apoyo familiar y social, se enfrentan a la posibilidad de un expediente de expulsión si acuden a denunciar a comisaría. Si además, trabajan en el servicio doméstico y el abuso procede del empleador, se juegan el sustento y a menudo el techo, por lo que son muchas las que deciden guardar silencio.

   Así lo recoge el informe de Fundación para la Convivencia Aspacia 'Violadas y Expulsadas' que se presenta este jueves para poner de manifiesto que "si la violencia sexual es un abuso generalmente oculto, cuando se comete contra las migrantes en situación irregular, especialmente en ámbitos familiares o en empleos informales, aún más" y exigen medidas al respecto.

   La organización denuncia la ausencia tanto de datos como de recursos especializados para proteger y asistir a estas mujeres, que ni son víctimas de trata ni son consideradas objeto de la violencia de género, por lo que no gozan de la protección que estos colectivos tienen en la Ley de Extranjería frente a la expulsión.

   Aspacia explica que en la práctica, esta norma está "siendo paliada" por los propios policías, que evitan abrir expediente de expulsión a mujeres que acuden a denunciar agresiones sexuales, pero la Ley no lo contempla y no hay instrucciones internas al respecto, lo que "abre la puerta a la arbitrariedad" y a la "inseguridad" de las víctimas, que "se arriesgan, porque no saben qué policía les va a tocar". "Es un riesgo real, ya que cada comisaría es un reino de taifas", apunta el informe.

   Esta "falta de protección" en la legislación de extranjería "impacta doblemente en la protección de los derechos humanos de este sector de mujeres". "El miedo a la expulsión las desalienta a denunciar y a pedir protección, pero a la vez esta situación de invisibilidad es utilizada por los agresores para lograr mayores márgenes de impunidad", señala, para incidir en la situación de las empleadas en la economía sumergida, que corren aún un mayor riesgo.

   El informe recoge casos como el de María, una hondureña en situación irregular que trabajaba interna en el servicio doméstico y sufría agresiones sexuales por parte del jardinero de la casa. "Uno de los factores que le frenaron ante la denuncia, además del miedo a la expulsión por estar en situación irregular, fue el mensaje reiterado por parte de sus empleadores de no revelar que trabajaba en su domicilio en irregularmente", explica el informe.

   Según afirma, "la irregularidad es una condición que facilita la relación de poder de la que se vale la violencia sexual", es decir, que estas mujeres son víctimas preferentes de los agresores. Fue el caso de Mercy, nigeriana de 26 años llegada a España en patera hace 4, agredida por un policía cuando ejercía la prostitución. Aunque tardó en decidirse, le denunció y fue condenado.

LA IRREGULARIDAD COMO FACTOR DE SOSPECHA

   La casuística es tan diversa como las mujeres. A Olga, una rusa de 53 años con seis de estancia sin permiso en España, no la creyeron cuando dijo que la habían violado dos encapuchados a punta de pistola en Galicia. Ocurrió en marzo. Fue recogida por una ambulancia y trasladada al hospital donde dos agentes de la Guardia Civil le tomaron declaración. Nunca llegó a ver a un juez. Otros dos agentes la volvieron a interrogar y determinaron que se lo había inventado "para regularizar su situación".

   "Un mes después de la agresión sexual, Olga fue imputada de un delito de 'simulación de delito', detenida por la Policía Nacional por estancia irregular e ingresada por orden de un juez en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid en el que permaneció 48 días. No fue expulsada por carecer de pasaporte en vigor", detalla el informe. Ella, en libertad con cargos, dice que tiene pesadillas y no puede olvidar lo que pasó.

   La organización plantea este caso como ejemplo de que la irregularidad es convierte en "factor de sospecha" de la falsedad del testimonio e incluso una traba para recibir una indemnización. En estos casos, se tiende a calificar los hechos delictivos como falta, se dan sobreseimientos o absoluciones poniendo en duda la credibilidad de las mujeres pese a las pruebas o se archivan las causas porque el agresor se ha fugado y no se ordena su búsqueda y detención.

   "Que nadie ha visto el coche, que nadie ha escuchado los gritos (...) Tu estás mintiendo, lo has planeado todo esto con tu novio para tener la residencia. No te creemos... Uno de los policías se reía y yo le dije: si esto le pasa a tu hermana, a tu mujer, a tu hija, seguro que buscas hasta debajo de la tierra para encontrar a los violadores. Les dije, si no me creen, perdónenme, yo no quiero hablar con ustedes nunca más. No quiero hablar", declara Olga.

DISCRIMINACIÓN SANITARIA

   Estas mujeres, además, encuentran "barreras" en la atención sanitaria tras la agresión sexual que se acentúan con la reforma del sistema que les ha impedido acceder a la atención primaria. La organización denuncia además, que si bien hay un protocolo común en España que obliga a atender de urgencia a las víctimas de violación al margen de que quieran denunciar, la ciudad de Madrid es "una excepción", pues "no contempla la posibilidad de atención sanitaria sin denuncia previa".

   Aspacia ha "documentado" casos como el de Lourdes, una paraguaya de 25

años de edad y seis de estancia irregular en España, que en enero sufrió la violación múltiple de cinco conocidos. El ginecólogo de urgencias suspendió la exploración médica al saber que se trataba de una agresión sexual y la remitió a comisaría. Allí no fue atendida como esperaba, así que nunca llegó a denunciar. Finalmente, en un centro de planificación familiar le hicieron la profilaxis de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazo.

   "El miedo de las mujeres migrantes en situación irregular a que la interposición de la denuncia las haga "visibles" y les acarree un procedimiento de expulsión es una de las trabas más generalizadas entre este sector de mujeres. Por ello, condicionar la atención profesional a

la previa interposición de la denuncia es un grave obstáculo que

merma la accesibilidad a la atención sanitaria y provoca experiencias traumáticas", explica la organización.

   Lourdes, al menos, consiguió que le hicieran el test de ITS. María, hondureña de 31 años y tres viviendo 'sin papeles' en España, fue atendida en urgencias, pero cuando tuvo que recoger los resultados de las pruebas en su centro de salud, no quisieron darle cita. Aunque finalmente consiguió el informe médico por intermediación de un centro especializado en agresiones sexuales, desde Atención Primaria no se ha hecho ningún seguimiento de las consecuencias de las violaciones que sufrió y que además, había denunciado.