El Parlamento quiere que se obligue a detallar el coste ecológico de los productos y reclama una fiscalidad 'verde'

El informe de la subcomisión del Cambio Climático no contará con el respaldo del PP, que presentará un voto particular

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales grupos parlamentarios, salvo el PP, darán su respaldo este martes al informe de la ponencia de estudio de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio del cambio climático que, entre otras medidas, aboga por una fiscalidad ambiental y reclama que se detalle el coste ecológico de los productos, sobre todo los alimenticios, químicos y turísticos.

De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático pide la elaboración de una Ley de Cambio Climático que integre la obligación de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de carbono, es decir, reflejar lo que España paga por sus emisiones de más.

Así, reclama que se incorpore en dicha normativa la obligación de que al presentar las cuentas anuales, se incluya una estimación de la huella ecológica en el registro mercantil; que se determine el contenido informativo sobre la huella ecológica en dichos productos, y que impulse y coordine la fiscalidad y los incentivos ambientales de las administraciones públicas.

UNA FISCALIDAD AMBIENTAL

En este sentido, el estudio aconseja revisar y establecer sistemas de fiscalidad ambiental que permitan interiorizar las externalidades medioambientales en los impuestos existentes sobre el consumo de combustibles fósiles. En particular, recomienda la introducción de una tasa sobre las emisiones de CO2 y su afectación al Fondo creado en la Ley de Economía Sostenible.

El informe sugiere también que se avance en la aplicación de incentivos fiscales que primen un uso eficiente y menos contaminante del vehículo privado. Igualmente, propone establecer deducciones fiscales a aquellas empresas que apuesten por el transporte sostenible en el desplazamiento de sus trabajadores hasta el centro laboral.

Además, quiere que todas las administraciones públicas calculen con carácter general la huella de carbono en todos sus alcances e incorporen como requisito obligatorio en la contratación pública la valoración de la huella de carbono directa e indirecta de sus proveedores. También, se recomienda la aplicación generalizada del uso de la huella de carbono como indicador de eficiencia en el tejido empresarial.

Entre otros puntos, destaca también "la necesidad imprescindible" de abordar una estrategia integral y consensuada entre las administraciones públicas para hacer frente al fenómeno global del cambio climático, "cuya repercusión ya se deja sentir" en España.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

Asimismo, propone que el Gobierno establezca un objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en el sector energético en un 100 por cien en 2050 y hasta el 80 por ciento, de manera doméstica, en base a las emisiones del año 2005 y que adopte el marco pertinente para el cumplimiento de este objetivo, en colaboración con todas las administraciones públicas.

Igualmente, cree necesario que el Gobierno apruebe una ley de Ahorro y Eficiencia Energética, en particular en los sectores de transporte y vivienda, facilitando una reducción del consumo energético y, por lo tanto, de la intensidad energética del país, disminuyendo el coste energético en la balanza comercial y la huella ecológica del consumo de España.

Por otro lado, considera que habría que intensificar la sustitución de combustibles fósiles como fuente energética en la industria española por otros combustibles, compuestos parcial o totalmente con todo tipo de biomasa, así como orientar las políticas de comercio exterior a la promoción de empresas y servicios que destaquen en la oferta de soluciones para la reducción de emisiones o la adaptación a los efectos del cambio climático.

El documento estima preciso redactar una Ley de Energías Renovables y establecer una mayor contribución de las energías maduras, con el objetivo de que puedan financiar de forma interna y equilibrada los incentivos a las tecnologías de energías emergentes que sean más seguras, medioambientalmente aceptables y que permitan mayor independencia de suministro y desarrollo económico nacional.

Asimismo, sugiere al Ejecutivo que presente un programa estatal de observación y seguimiento del cambio climático tutelado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que presente un informe anual de carácter divulgativo que destaque los principales resultados y conclusiones de su labor.

De igual forma, insta al Gobierno a impulsar, dentro de la UE, las acciones necesarias para evitar un posible vacío legal en las negociaciones internacionales de cambio climático y mantener la estructura del Protocolo de Kioto, apoyando como solución de transición hacia un instrumento global jurídicamente vinculante, que la UE anticipe lo antes posible y anuncie oficialmente en la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en Durban (Sudáfrica) en el mes de diciembre, su compromiso con un segundo periodo de compromiso con el Protocolo de Kioto.

Al mismo tiempo, ampara la integración del vehículo eléctrico en el sistema, mediante una gestión inteligente de su recarga, así como una progresiva generalización de las etiquetas energéticas y de carbono, como medio de valorización del esfuerzo realizado ante el cambio climático.

En materia de urbanismo y vivienda desea que se impulse un "gran plan de rehabilitación energética de viviendas" a nivel de Estado para ahorrar, donde se combinen tecnologías con nuevos materiales y aislantes térmicos.

ESPAÑA INCUMPLE

El informe explica que España es uno de los países con "mayor incumplimiento" de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, subraya que los efectos "ya se están sintiendo" y advierte de que "lo que está por venir es mucho peor" si no se remedia a tiempo.

La Comisión Mixta no permanente para el Estudio del Cambio Climático se creó en 2008 y en septiembre de 2010 acordó crear esta ponencia de estudio, que en este año ha recabado propuestas de 65 expertos. Según se destaca, este informe constituye un documento de referencia que viene a sintetizar y correlacionar el conocimiento científico y la acción política, técnica, económica y social, que se ha logrado desarrollar, en España y en el ámbito internacional, a lo largo del periodo 2008-2011.

ABSTENCIÓN DEL PP

Sin embargo, el PP ha confirmado su intención de abstenerse, declinando dar su apoyo al documento, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias. El Grupo Popular ha preparado un voto particular porque "disiente" del informe final elaborado por la Comisión. En este sentido, considera que la lucha contra el cambio climático es una "oportunidad" para conseguir una economía más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles, que sirva al mismo tiempo para generar empleo y aumentar la competitividad.

La portavoz 'popular' en dicha comisión, María Teresa de Lara, resume su alternativa en seis ejes prioritarios: sector energético, ahorro y eficiencia energética; sector industrial; proyectos domésticos; compromisos internacionales y sumideros forestales.