MONTEVIDEO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente de Uruguay, han desvelado este miércoles que el aumento de producción de la empresa papelera UPM-Botnia, avalado por el Gobierno, no ocasionará más contaminación sobre el río Uruguay y su entorno.
Los datos facilitados por Uruguay han venido a calmar las relaciones con Argentina, acaloradas en las últimas semanas, debido a que este país relaciona aumento de producción con más contaminación, la cual iría a parar sobre el río Uruguay, que administrativamente pertenece a ambos países, además de a Brasil.
"Nuestro presidente ya dijo que UPM-Botnia debía mejorar el tratamiento de los residuos vertidos al río. Pero basándonos en datos contrastados, en cuanto a la carga de fósforo, el Gobierno le impuso a la empresa que no superase un promedio mensual de 74 kilos al día, en este caso el promedio fue de 47", ha subrayado la ministra de Medioambiente, Raquel Lejtreger.
La titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente también ha presentado otros resultados y valores, como el del nitrógeno, cuyo promedio mensual no supero los 102 kilos, siendo de 740 kilos, la cifra permitida por el Gobierno de José Mujica. "El caudal vertido por la planta fue de 690 litros por segundo cuando lo permitido es de 845 litros por segundo", ha destacado.
EL CONFLICTO
El conflicto bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su Gobierno autorizaría a la papelera aumentar su producción a cambio de que UPM-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, frontera natural entre ambos países.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de Kirchner a ir a La Haya.
"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.
Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral, pero las negociaciones no avanzaron después de que Mujica asegurase que no prescindiría a dar su apoyo al aumento de producción.
En consecuencia, Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida sobre el río Uruguay.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.
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