Los 'populares' defienden su implantación gradual y con prudencia
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Congreso ha rechazado este martes comprometerse a que los futuros ingresos procedentes de la implantación en España de un impuesto sobre las transacciones financieras (tasa Tobin) se destinen exclusivamente a paliar la pobreza en España y el mundo, y a luchar contra el cambio climático, como proponía el PSOE.
El mismo día en que España y otros 10 países europeos han acordado poner en marcha esta tasa por fases y no antes del 1 de enero de 2016, la Comisión de Cooperación Internacional de la Cámara Baja ha debatido una proposición no de ley presentada por los socialistas, que defienden una aplicación "inmediata" de este nuevo impuesto.
La iniciativa del Grupo Socialista también pedía al Gobierno extender la aplicación del impuesto a más operaciones de las inicialmente previstas con el fin de obtener la "máxima recaudación" y defendía "destinar el 50 por ciento del importe recaudado por este impuesto a la lucha contra la pobreza en España, y el otro 50 por ciento a la Ayuda Oficial al Desarrollo y la lucha contra el cambio climático".
La proposición no de ley del Grupo Socialista, que contaba con el respaldo de CiU y la Izquierda Plural, ha sido rechazada por los votos de la mayoría del PP.
MUCHAS NECESIDADES EN OTROS ÁMBITOS
El diputado 'popular' Gabriel Elorriaga ha explicado que son muchas las necesidades de España en la actualidad, en los ámbitos de la educación, sanidad, seguridad ciudadana y otros, por lo que se ha manifestado en contra de fijar ya a qué se destinará el dinero recaudado por una tasa que no se aplicará hasta 2016.
La tasa, ha insistido, debería poder financiar "todas las necesidades" de la sociedad española. Elorriaga ha defendido que la aplicación de este nuevo impuesto al "ahorro de los europeos" se implante "con prudencia y gradualismo". Es decir, que poco a poco se vaya extendiendo su ámbito geográfico de aplicación en Europa (lo ideal sería a los 28 países miembros, ha dicho) y vaya aumentando su base impositiva.
Los países que pretenden implantar la denominada tasa Tobin han acordado hoy empezar gravando las acciones y algunos derivados. Sin embargo, si alguno de los Estados miembros participantes quiere gravar productos no incluidos en este acuerdo para mantener tasas nacionales existentes, estará autorizado a hacerlo.
España defiende que en la primera fase la tasa grave las transacciones con acciones y derivados de acciones, ya que se trata de dos mercados conexos y si no se hace así podría haber trasvases de operaciones. También apuesta por que se aplique el principio del lugar de emisión y que el gravamen no se aplique a la deuda pública y proteja a los derivados que se utilizan para cubrir riesgos.
La Comisión Europea calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría recaudar, si se aplicara a todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los ingresos públicos.