MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha celebrado la ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros, ya que la lucha contra el desperdicio de alimentos es uno de sus "principios fundacionales".
"Estamos a favor de esta ley, de hecho uno de los principios fundacionales de los Bancos de Alimentos ha sido la lucha contra el desperdicio de alimentos", ha valorado el presidente de FESBAL, Pedro Llorca, en declaraciones a Europa Press, con motivo de la aprobación esta semana de la norma por parte del Gobierno.
Además, Llorca ha indicado que están "contentos" por el hecho de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "vea a los Bancos de Alimentos como aliados". De esta forma, según ha remarcado, "juntos" podrán "contribuir para reducir el desperdicio ya que los recursos naturales que se gastan son de todo tipo y finitos".
La ley contra el desperdicio alimentario tiene como objetivo reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos.
Entre otras medidas contempladas en la norma, las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.
Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Además, se incluye la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros.
Por otro lado, los bares y restaurantes que prevean que ciertos productos no van a poder ser vendidos al público deberán establecer acuerdos o planes con ONG o con bancos de alimentos respecto a la utilización de los mismos.
La intención del Gobierno es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2023 si los trámites y plazos en el Congreso y en el Senado lo permiten.