Publicado 12/12/2024 13:47

La Junta adjudica por más de 2,3 millones de euros las obras para sellar el vertedero de inertes de Albox (Almería)

Archivo - Vertedero de inertes de Albox (Almería).
Archivo - Vertedero de inertes de Albox (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha adjudicado las obras para el sellado del vertedero de residuos inertes de Albox (Almería) por un importe de 2.382.656,06 euros a la empresa Rialsa Obras SL.

La mercantil seleccionada entre las 20 ofertas presentadas para estos trabajos contará con un plazo de 24 meses para acometer los trabajos para acabar con este punto de vertidos no supervisado, el cual está incluido en un procedimiento de infracción de la Comisión Europea, según recoge la resolución consultada por Europa Press.

El punto de inertes, actualmente "inactivo", está situado al oeste de la población de Albox y afecta a una superficie de 51.295 metros cuadrados de terreno de titularidad pública; una parcela que no cuenta con ningún tipo de vallado perimetral y que limita en dos de sus flancos con un punto limpio y una planta de gestión de residuos de construcción y demolición, que ocupa unos 4.600 metros cuadrados.

El vertedero en cuestión está compuesto principalmente por residuos inertes de la construcción y escombros, con taludes de vertido de entre 12 y 30 metros de altura y una pronunciada pendiente "muy similar a la natural del terreno", según recoge la memoria del proyecto.

El perjuicio medioambiental y los posibles desprendimientos de los taludes son los principales riesgos que presenta este espacio que, además, carece de un sistema de drenaje, por lo que las escorrentías "discurren sin control desde los puntos altos a los más bajos del terreno". Asimismo, se aprecia un riesgo asociado a la contaminación de los suelos y subsuelos por el derrame de líquidos y compuestos contaminantes.

El espacio se divide en dos partes diferenciadas: por un lado, una plataforma de coronación llana "invadida por los residuos del punto limpio"; y por otro lado, un inclinado talud que limita a la plataforma y que desemboca al barranco. Los estudios determinan que hay zonas que acumulan entre tres y nueve metros de vertidos, con antiguos cauces que alcanzarían espesores superiores a los 12 metros.

Según el estudio histórico realizado a partir de fotografías aéreas, con la aparición del punto limpio a partir del 2013, los vertidos "han sido controlados", de manera que el vertedero no ha cambiado sustancialmente su aspecto desde entonces.

Con esta intervención se pretende reducir los riesgos ambientales y sanitarios del vertedero así como regularizar las superficies para el control de la inestabilidad de taludes. Al mismo tiempo, la actuación permitirá disminuir la acción destructiva por erosión, abrasión o arroyaderos, entre otros inconvenientes.

Entre las iniciativas más relevantes para poder sellar el vertedero están la limpieza y acondicionamiento de los vertidos de la parcela, la disposición de las capas de sellado, la regulación del drenaje de escorrentías superficiales y la construcción de dos muros de escollera de contención.

Asimismo, se procederá a la revegetación con especies autóctonas de la zona y se limitará el acceso a la zona del vertedero mediante un cerramiento perimetral. La actuación se completará mediante un plan de control y vigilancia del medio ambiental y otras obras complementarias.

Conforme al proyecto, estas actuaciones "conllevarán la reducción de los riesgos ambientales y sanitarios derivados del vertedero, sobre todo en cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de las superficies".

La actuación nace en base a las disposiciones europeas, que llevaron a la Junta de Andalucía a proceder al sellado y clausura de este espacio "con el fin de evitar daños medio ambientales y asegurar las exigencias de salubridad", para lo que lleva aparejado además un plan de vigilancia y control que tendrá una duración mínima de 30 años.

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