CÁDIZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha señalado este jueves que la tramitación del anteproyecto de ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA) beneficiará a la provincia, al contar con más de 200 enclaves de este tipo.
El nuevo texto va orientado a la modernización de estos enclaves y promueve una norma con herramientas concretas para atender las necesidades de los polígonos industriales, ha indicado la Junta en una nota.
En su intervención, la delegada de Industria ha apuntado a "la relevancia" de esta futura ley en Andalucía enfocada a la puesta en valor y organización de los espacios productivos, algo que "beneficiará a la comunidad y a nuestra provincia". No en vano, Cádiz cuenta con 203 espacios industriales y más de 5.200 empresas implantadas en polígonos, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
"Se trata de una ley importante y única", ha añadido Olivero, añadiendo que "no se había hecho antes en nuestra región" y supone "dar pasos adelante" en cuanto a la actividad económica en el territorio.
Asimismo, ha aludido a este documento impulsado por la Junta de Andalucía y orientado a la mejora en infraestructuras y servicios, a la puesta en valor de los espacios productivos existentes y al aporte de seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales.
A este respecto, se ha referido a "la importancia" de atraer inversiones, apuntando que la futura ley persigue "un marco legal" que ofrezca "una visión integral de los espacios productivos como generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, capaces de atraer inversión industrial, con un entorno capaz de eliminar trabas y simplificar trámites".
Por otra parte, la delegada territorial ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el 16 de julio el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley y ha añadido que está abierto el plazo de audiencia e información pública hasta el 15 de octubre. Es por eso que ha animado a los ayuntamientos y entidades vinculados a los polígonos a hacer sus aportaciones, además de poner a su disposición esta Delegación Territorial para este asunto.
Por otro lado, Inmaculada Olivero ha remarcado "el valor de la industria" en la provincia de Cádiz, el apoyo del Gobierno andaluz en esta materia, el diálogo social y la colaboración, de cara a una futura ley que "potencie que Andalucía y nuestra provincia sean cada vez más lugares apetecibles para la inversión y la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo".
A ello van enfocadas las líneas de incentivos que se están sacando y que van dirigidas a empresas que necesitan esos espacios, que hay que identificar. "Se trata de dar un paso más, poner en valor y dar instrumentos", ha aseverado.
En este marco de ayudas, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, tiene previsto lanzar un nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales: la competitividad industrial y la eficiencia energética, y que contará con un presupuesto de 50 millones de euros en Andalucía.
De este modo, con la futura ley se apuesta por un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y entre las administraciones autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como en materia de empleo, aumentar la cantidad, calidad, seguridad, capacitación y la presencia de la mujer en los espacios productivos, entre otros objetivos, ha indicado la Junta.
Además, persigue regular medidas que faciliten conocimiento y acceso a suelo industrial y suministros energéticos, y que incentiven la localización de industria con una alta capacidad tractora para generar efecto arrastre sobre la industria auxiliar y el territorio, así como desarrollar el régimen jurídico de entidades de gestión y modernización.
Esta Consejería ya realizó una consulta pública que "evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios". Ante "la obsolescencia y falta de instrumentos", de forma ordenada y sistemática el anteproyecto de ley se vincula a la puesta en marcha de medidas e instrumentos concretos que dan respuesta.
Una de las medidas "clave" es la creación del espacio industrial protegido, figura que busca proteger los espacios de alto valor industrial e impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales para ser más atractivos para acoger proyectos de calidad.
Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructuras y servicios, con etiquetas según su especialización y adecuación a la transición ecológica y digital.
Con esta iniciativa se pretende facilitar el establecimiento de hitos de mejora en las infraestructuras o los servicios de que disponen, poniendo en valor asimismo sus potencialidades.
La futura ley no se limitará a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria, para lo cual introduce nuevas figuras e instrumentos como los proyectos tractores de la industria, para los cuales se contempla un régimen administrativo preferencial; poner a su disposición el sistema andaluz de captación de inversiones industriales; disponer de una oferta pública permanente de suelo industrial y reforzar la información que ya proporciona el IECA a través de un censo de espacios productivos.
Igualmente, el texto del anteproyecto contempla instrumentos para abordar el problema del acceso a la energía en los polígonos y que pretenden aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables y los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde.
Así, se propone la elaboración de un censo de calidad y potencia de energía eléctrica en los polígonos, una plataforma para la solicitud de acceso a suministro eléctrico, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, y ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas.
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