SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este lunes de las actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la convocatoria de Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y que han beneficiado a 221 comunidades de propietarios, que han podido acometer la rehabilitación integral de 2.466 viviendas.
La Junta de Andalucía ha señalado su contribución con casi 29 millones de euros a la transformación de once barriadas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Cádiz.
Las obras, que se cofinanciaron con fondos europeos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, se han ejecutado en bloques de viviendas antiguos, que no estaban adaptados a las necesidades de accesibilidad y eficiencia energética y que, por tanto, requerían de una reforma, según una nota del Gobierno andaluz.
Las actuaciones se han llevado a cabo en barriadas desfavorecidas de municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia: Algeciras (La Piñera), Cádiz (La Paz), Chiclana de la Frontera (Cajas de Ahorros, Fermesa y San Pedro), Jerez de la Frontera (Asunción), La Línea de La Concepción (Periáñez), El Puerto de Santa María (Los Milagros), Sanlúcar de Barrameda (El Palomar y Los Ángeles), y San Fernando (Bazán).
Los trabajos han consistido en la instalación de ascensores y rampas, la conservación y mantenimiento de las fachadas, la garantía de estanqueidad de las cubiertas o la mejora de las instalaciones de zonas comunes como abastecimiento, saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.
En paralelo, a solicitud de algunos municipios (en concreto, Cádiz, La Línea, El Puerto y Sanlúcar), se han acometido la regeneración de espacios públicos urbanos, haciéndolos más accesibles y sostenibles con la plantación de árboles, la instalación de juegos infantiles o carriles bici.
Las Áreas de Rehabilitación Integral han tenido por objeto fomentar la rehabilitación integral en zonas urbanas desfavorecidas constituidas por conjuntos residenciales degradados que, aunque proceden en algunos casos de actuaciones públicas de la segunda mitad del siglo XX, hoy agrupan viviendas de titularidad privada.
Este proyecto se remonta a la anterior legislatura, cuando se aprobó la orden que regulaba las Áreas de Rehabilitación Integral y se aprobaba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación residencial y la mejora del medio urbano.
En esta orden se convocaba a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz de más de 50.000 habitantes a proponer la delimitación de un área. Posteriormente, el Gobierno andaluz evaluaba las propuestas y procedía a la firma de los convenios con los ayuntamientos designados, que se comprometían a ejercer de entidades colaboradoras e interlocutor con los vecinos para abordar las obras.
Una vez delimitadas las áreas, se tramitaron las convocatorias de subvenciones, que cubrían el cien por cien del coste de la actuación. A estas ayudas se podían presentar los vecinos que vivían en las zonas de actuación seleccionadas. Finalmente, han sido 221 comunidades de propietarios de edificios que suman un total de 2.466 viviendas, cuyas actuaciones están prácticamente finalizadas.
Las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) han servido de base para que la Junta de Andalucía impulse otras intervenciones similares de rehabilitación integral, como las Áreas de Regeneración Urbana y Accesibilidad (ARUA), puestas en marcha en toda Andalucía y de las que se están ejecutando once áreas.
También ha servido para el desarrollo de la línea 1 de rehabilitación de barrios del Plan Ecovivienda, el programa del Gobierno andaluz para la gestión de los fondos Next Generation en materia de vivienda, que va a permitir intervenir en otras 23 áreas o barrios.