El IAM organiza en Córdoba un coloquio por el X aniversario de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, la exdirectora general del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y experta en temas de igualdad, Soledad Pérez, y la coordinadora provincial del IAM, Ana Díaz, han participado este lunes en una charla-coloquio organizada por el IAM con motivo del X aniversario de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

En este sentido, Luna ha destacado que esta ley ha permitido "configurar una estructura transversal de género que se ha mantenido intacta pese a la crisis económica, motivo por el que Andalucía ha sido felicitada por parte de ONU Mujeres" y ha añadido que "la ley, de la que se ha desarrollado el cien por cien de sus artículos, ha permitido una inversión por parte del Gobierno andaluz de más de 300 millones de euros en políticas directas de igualdad de género, y más de 192.300 millones en presupuestos diseñados con perspectiva de género (programas G+)".

En el ámbito de la transversalidad, la Ley ha impulsado los presupuestos con perspectiva de género (G+), así como la creación de instrumentos institucionales de coordinación, tanto dentro de la Junta (con la Comisión Interdepartamental para la Igualdad y las Unidades de Género en todas las consejerías) como con otras administraciones (con la Comisión de Coordinación de las Políticas Autonómicas y Locales para la Igualdad de Género y la Conferencia Sectorial).

Junto a ello, todos los centros directivos de la Junta incluyen en sus planes y disposiciones la evaluación de impacto de género, además de incorporar cláusulas de igualdad en la contratación, subvenciones y convenios públicos.

Por su parte, Pérez ha afirmado que en materia de igualdad y participación, la Junta impulsó la creación en 2012 del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que canaliza las aportaciones del movimiento asociativo a las políticas autonómicas de igualdad de género, en representación de las 218.267 mujeres que forman parte del tejido asociativo andaluz.

Igualmente ha manifestado que se ha hecho un esfuerzo para el empoderamiento y la participación de las mujeres del ámbito rural, fundamentalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural y del personal de los Centros Municipales de Información a la Mujer.

Además, la ley ha impulsado la formación inicial del profesorado de materias sobre igualdad de género, así como la formalización de la materia optativa 'Cambios sociales y Género'. El impulso de la coeducación se ha reflejado también en la formación anual en igualdad de más de 5.000 personas; la designación de responsables de coeducación en los centros educativos; la creación de unidades de igualdad de género en las universidades públicas andaluzas; o la formación de postgrado, entre otras.

En materia de empleo, la ley impulsó la inclusión en el acuerdo de concertación social de Andalucía de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como objetivo transversal, así como el asesoramiento personalizado a más de 3.000 emprendedoras cada año, o la formación especializada de más de 2.600 mujeres víctimas de violencia de género.

El Plan de Apertura de los Centros Docentes (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares), plenamente asentado en el sistema educativo andaluz, o la aplicación de la Ley de Dependencia, junto a la deducción por ayuda doméstica en el tramo autonómico del IRPF y el programa Conciliam con las corporaciones locales son algunas de las medidas impulsadas en materia de conciliación.

La ley también ha permitido priorizar los proyectos de investigación que tengan repercusión en áreas relacionadas con las desigualdades en salud, así como impulsar desde la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) una línea de investigación propia sobre género y salud pública con profesionales especializados en este campo.

Se han puesto en marcha programas específicos de atención como el programa dirigido a personas cuidadoras o el programa de Promoción de la humanización en la atención perinatal de Andalucía, o la implantación del Protocolo Andaluz de Atención Sanitaria ante la violencia de género.

La delegada y la exdirectora del IAM ha coincidido en señalar que la lucha contra la violencia de género y la atención integral a las mujeres que la sufren han sido "seña de identidad" de las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía, que ha impulsado la primera propuesta de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, solicitando la inclusión de medidas como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja o la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores.

RED DE RECURSOS

Durante los últimos diez años, el Gobierno andaluz ha consolidado su red de recursos para la atención a víctimas de violencia machista, acogiendo a más de 20.200 personas en situación de riesgo y prestando atención psicológica a más de 14.000 mujeres víctimas; además de prestar tratamiento a 3.000 menores hijos y 476 víctimas adolescentes, cuando en el resto de España y de Europa aún no se consideraban víctimas directas a los hijos.

La creación, pionera en España, de un Protocolo Específico ante la Ciberdelincuencia de Género; el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género; la publicación de una 'Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género'; o la creación de una APP para que la juventud aprenda a detectar relaciones tóxicas son otras de las iniciativas impulsadas en los últimos años en materia de violencia de género.

Durante los últimos meses, el Gobierno andaluz ha trabajado en la reforma de las leyes andaluzas de igualdad y de violencia de género, lo que permitirá garantizar de manera obligatoria la igualdad de género en los contenidos curriculares de todas las etapas educativas; obligar a profesionales que atienden a víctimas a tener una formación especializada; tener capacidad sancionadora ante actos discriminatorios con las mujeres; o ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres.