La Junta pone en marcha la mediación laboral en Córdoba gracias a un convenio pionero con los graduados sociales

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha presentado este lunes junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, el convenio pionero que ha suscrito la Consejería con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales que va a permitir impulsar la mediación laboral en conflictos que ya están judicializados.

Según han explicado en rueda de prensa, se trata de un convenio "pionero en España", que pretende ofrecer una "segunda oportunidad a la vía del diálogo y el acuerdo" en los casos de despidos, reclamaciones de cantidad y demás conflictos laborales, y liberar así de carga de trabajo a los juzgados de lo Social, donde los asuntos "se eternizan incluso durante años".

A este respecto, Nieto ha pedido "la colaboración y la confianza" de los jueces de lo Social para alcanzar "el éxito" de esta vía alternativa de resolución de conflictos. Además, ha instado a las empresas y los trabajadores cordobeses a aprovechar la experiencia de los graduados sociales en Derecho Laboral para probar la mediación con su colaboración en conflictos ya judicializados. Una medida que ha calificado como "el proyecto estrella de este 2025".

El consejero ha recordado que la jurisdicción Social "es una de las más saturadas, con vistas que se fijan para 2027 e incluso 2028", de ahí la importancia de este proyecto que ha visto la luz "gracias a la perseverancia y la implicación de los graduados sociales cuyo papel y labor tengo que destacar", pues, "de forma altruista se han implicado con el objeto de demostrar que hay margen para buscar una solución".

Nieto ha explicado que, por Ley, los conflictos laborales antes de llegar a los juzgados tienen que pasar por el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC) para intentar alcanzar el acuerdo entre las partes, y ahora, con la mediación laboral, se trata de dar "una segunda oportunidad" y evitar el juicio.

La mediación, según ha resaltado, es una alternativa "más eficaz, rápida y satisfactoria que la controversia, ya que se basa en el diálogo y el acuerdo entre las partes, además de ahorrar costes económicos y reducir los plazos, contribuyendo así a aliviar la sobrecarga de los juzgados". Por ello, el consejero ha defendido que "merece la pena explorar esta vía en el ámbito laboral de la mano de profesionales especializados en la materia como los graduados sociales".

Con este fin, la Consejería de Justiia ha firmado un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, para poner en marcha una experiencia piloto para que los juzgados de lo Social, a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que la Junta puso en marcha en 2021, puedan derivar los asuntos que consideren mediables y contar con una bolsa de graduados sociales voluntarios para que actúen como mediadores.

El Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, como el resto de los colegios provinciales y bajo la coordinación del Consejo Andaluz, creará una Comisión de Mediación encargada de nombrar a los profesionales que formarán parte de la bolsa de esta provincia y de hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas.

Los técnicos del PIMA, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, realizarán la primera sesión informativa a las partes implicadas y, si aceptan intentar un acuerdo, las remitirán a los mediadores de esa bolsa de graduados sociales del Colegio.

El consejero ha destacado que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Mediación que está desarrollando la Consejería para impulsar esta fórmula poco explorada en España y que está contribuyendo a reducir la alta tasa de litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales andaluces, ante "la negativa del Gobierno a crear nuevos órganos" en la comunidad. Así ha destacado que Andalucía ha dejado de ocupar las primeras posiciones en tasa de litigiosidad, pues en el tercer trimestre de 2024 "ya se ha situado en la quinta posición".

En este sentido, ha destacado las medidas puestas en marcha en 2024 por la Junta, como incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, la primera comunidad que lo hace; o la puesta en marcha del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que ha recibido 1.600 asuntos en toda Andalucía y ha logrado acuerdo "en el 50% de los casos cerrados", en un plazo medio de unos 30 días.

SIN JUZGADOS NUEVOS

Nieto ha lamentado que estas medidas no se vean arropadas por el Ministerio de Justicia, "al que reclamos 56 nuevos juzgados para 2025, pero la respuesta ha sido cero. Nunca se había dado una respuesta tan cicatera y dañina, con la excusa de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que va a suponer una transformación de la actual organización de la Justicia.

En este sentido, el consejero de Justicia ha lamentado que "la Ley no trae los presagios más favorables, porque esto es como un yo invito y tú pagas", dado que "el Gobierno deja solas a las comunidades autónomas con un plazo muy corto".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, ha agradecido a la Junta "la confianza depositada, con un convenio pionero en España, ya que esta jurisdicción ha sido siempre la gran olvidada".

Castro Coto ha afirmado que es necesario "que la sociedad cambie el chip" y dar una oportunidad a la mediación. Igualmente, ha pedido la colaboración del resto de operadores jurídicos para lograr el impulso necesario, pues "nosotros solo actuamos como mediadores entre las partes, que se sentarán con sus respectivos representantes".

OFICINA JUDICIAL

Por otro lado, respecto a la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Oficina Judicial en Córdoba capital y Lucena (Córdoba), entre otros partidos judiciales de Andalucía, Nieto ha recordado que, para hacer frente al nuevo gasto que ello conllevará para la Junta de Andalucía, "le hemos pedido al Ministerio que cambie el sistema de costes que van a tener" que asumir las comunidades autónomas, y "la respuesta ha sido que te busques la vida".

Eso es, según ha asegurado el consejero, que harán en la Junta de Andalucía, es decir, trabajar para afrontar el "reto de que en el año 2025, tal y como establece la Ley, tengamos transformados todos los partidos judiciales en tribunales de Instancia".

Eso significa, según ha precisado, que "a 31 de julio tenemos que transformar 70 partidos judiciales de Andalucía en tribunales de Instancia. A 1 de octubre tenemos que transformar otros tres y el resto a 31 de diciembre", reconociendo Nieto que "no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer".