La Junta distribuye ayudas por 1,8 millones para el trabajo de una veintena de ONG en zonas vulnerables de Málaga

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha resuelto la convocatoria de una línea de subvención para entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 1.798.931,27 euros para la provincia de Málaga, destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, Intervención en Zonas desfavorecidas (Eracis).

En concreto, son una veintena las entidades que recibirán una subvención para llevar a cabo proyectos enfocados, principalmente, en la inserción social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social. Entre estas ONG están Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología, Asociación Animación Malacitana, Asociación Arrabal AID y Apiga.

También se incluye la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda, Asociación Mujeres Emancipadas, Asociación Trans, Asociación Vive, ASPA, CODENAF, Cruz Roja, Don Bosco, Hogar Abierto, Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación, Integración para la Vida, Málaga Acoge, Nueva Alternativa de Intervención y Mediación, Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color y Prodiversa.

De esta forma, el Gobierno andaluz, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone en marcha 165 proyectos en toda Andalucía de 81 entidades en las zonas de los municipios andaluces más desfavorecidas gracias a una inversión total de 16.547.885,61 euros para toda la Comunidad autónoma.

El objetivo de esta nueva línea de subvención es potenciar el trabajo en red y colaborativo entre las administraciones, las entidades privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro para, por un lado, la cooperación en la implantación y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas.

Por otro lado, está el acompañamiento a las personas residentes en estas áreas para que puedan acceder a los sistemas de protección social de las administraciones, especialmente en los ámbitos de educación, empleo, vivienda, salud y servicios sociales, han explicado desde el Gobierno andaluz en un comunicado.

Esta actuación se realizará a través de la participación en la tutorización y/o mediación para que estas personas realicen un uso normalizado de los recursos públicos, así como a través de itinerarios individualizados de inserción social y laboral. En definitiva, "estas actuaciones deben contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad, seguridad y convivencia de las zonas contempladas en la Eracis, reforzando el trabajo en red con otros servicios públicos y entidades que vienen trabajando en ellas".

En total, la Eracis contempla una inversión de 169,5 millones de euros entre los años 2017 y 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas en situación o riesgo de exclusión social en Andalucía. Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está movilizando recursos extraordinarios a nivel financiero, técnico y organizativo a través de diversas líneas de actuación que ya se encuentran en desarrollo.

Por una parte, mediante la reconstrucción de una estrategia de colaboración interdepartamental que permita hacer confluir actuaciones que favorezcan la inclusión de las personas de estas zonas de actuación. Por otra parte, potenciando el protagonismo de las administraciones municipales a través de los planes locales que se han elaborado participativamente.

Para ello, se ha previsto más de 1.000 contrataciones en cuatro años del proyecto con el objetivo de incrementar los recursos humanos y mejorar la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas actúa en 99 áreas de 65 municipios de la Comunidad Autónoma. Estas zonas han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población migrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros.