La Junta pone en marcha en Málaga un nuevo depósito judicial público para vehículos incautados

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado este miércoles en Comisión parlamentaria de la creación de un nuevo depósito judicial para vehículos incautados ubicado en Málaga y que supone el cuarto de carácter público puesto en marcha en Andalucía, ya que se une a las instalaciones existentes en Mengíbar (Jaén), Campo de Gibraltar y Sevilla, donde hasta ahora se custodiaban los bienes de este tipo requisados por los juzgados malagueños.

Nieto ha destacado que el nuevo depósito ha sido adjudicado por 695.380,31 euros (IVA incluido) tras una licitación pública a la que concurrieron cuatro empresas y se encuentra en funcionamiento desde hace un mes.

Se trata del tercer depósito judicial de vehículos incautados creado en Andalucía por el Gobierno que preside Juanma Moreno, ya que hasta 2019 solo existía el de Sevilla que fue el primero de carácter público creado en 2010 y que presta servicio también a los juzgados de Huelva, Cádiz y hasta ahora de Málaga.

En los últimos cinco años se han puesto en marcha dos instalaciones en Mengíbar, una de ellas para las incautaciones de Granada, Jaén, Almería y otro para cubrir las necesidades del Campo de Gibraltar que también se encuentra en Mengíbar pero que dispone de instalaciones en San Roque (Cádiz) para recibir y entregar vehículos. Ahora se suma el de Málaga.

No obstante, el consejero ha señalado que el problema de los depósitos judiciales "preocupa mucho a todas las comunidades autónomas" y así lo trasladaron al ministerio en la última Conferencia Sectorial de Justicia, ya que su gestión se basa en una "legislación muy compleja a caballo entre los ministerios de Justicia e Interior".

Además, ha señalado que resultan "muy costosos" para todas las administraciones no solo por el mantenimiento de las instalaciones en sí sino porque los bienes incautados se devalúan en el tiempo que permanecen en ellas perdiendo su valor y creando un gasto a la Administración, en muchos casos innecesario.