SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los andaluces que apuesten por intentar la mediación como alternativa a plantear un litigio judicial tendrán a su disposición en abril una base de datos de profesionales y entidades especializados. Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo el Decreto para crear y regular el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía, que será "especialmente importante" en el ámbito civil y mercantil ante la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia que obligará a intentar medios alternativos de solución de controversias en este tipo de asuntos antes de interponer una demanda judicial.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que "Andalucía se ha anticipado" a la ley en esta materia, ya que lleva tiempo aplicando medidas pioneras para impulsar la mediación como su inclusión en el sistema de Justicia Gratuita, la colaboración con los colegios profesionales de graduados sociales para que actúan como mediadores voluntarios en conflictos laborales judicializados, la creación del Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), que en menos de un año ha evitado casi 1.200 juicios, y al que en breve se sumará el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca).
Además de crear el registro de profesionales, con carácter administrativo y de acceso público a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta, Nieto ha explicado que el Decreto aprobado regula el procedimiento para la inscripción, actualización y rectificación de datos y baja en el Registro. Coexistirá con los registros públicos específicos propios de otras áreas de mediación, como el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, y los profesionales que se inscriban deberán indicar en qué área del Derecho están especializados.
"No sólo ayuda con la publicidad de las personas mediadoras, sino que las ordena", ha subrayado, tras destacar que será "especialmente útil para quienes no sean beneficiarios del sistema Justicia Gratuita y quieran acudir a la mediación con objeto de dar cumplimiento a las nuevas exigencias legales".
El consejero ha destacado que, desde el 1 de enero del año pasado, los andaluces que cumplen los requisitos para tener derecho a un abogado o procurador de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación. Andalucía es la primera comunidad que ha incluido esta vía alternativa de resolución de conflictos en el sistema de Justicia Gratuita. También el Servicio de Mediación Penal es "público y gratuito".
Nieto ha puesto en valor los buenos resultados del Sempa desde su puesta en marcha en mayo de 2024 en cinco provincias y en septiembre en el resto. En este tiempo, los juzgados penales andaluces han derivado a este servicio casi 2.700 asuntos, la mayoría sobre delitos leves de amenazas, lesiones y hurtos, y se han logrado casi 1.200 acuerdos que han evitado esos casos a los sobrecargados juzgados andaluces.
El consejero ha defendido que son resultados "esperanzadores" para el futuro de la mediación civil y mercantil, ya que los conflictos penales son los más complejos y pese a ello se están logrando muy buenas cifras. Y ha destacado que el plazo medio de resolución de estos casos ha sido de un mes, cuando este tipo de procesos puede durar uno o dos años en los juzgados, por lo que la mediación ahorra tiempo y costes.
El Semca se sacará a licitación en breve y será gratuito para ambas partes en el caso de que una de ellas reúna los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita. No obstante, la Consejería lleva meses colaborando con las Cámaras de Comercio en la difusión de la cultura de la mediación en el ámbito empresarial con foros en las distintas provincias. El próximo se celebrará el lunes en Granada.
Nieto ha subrayado que todas estas medidas forman parte de la Estrategia de Mediación de la Consejería, uno de los ejes de trabajo del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía. El Decreto de creación del Registro de Mediadores también recoge la constitución de un Consejo Asesor de Mediación como órgano colegiado de investigación, análisis, formación, difusión y asesoramiento en la materia en el que estarán representados todos los profesionales de la Justicia, del mundo académico y del empresarial. El plazo para celebrar la sesión constitutiva y la primera reunión es de seis meses.