SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto al trámite de consulta pública previa a su elaboración el proyecto de Decreto por el que se crea y se regula la Oficina para la Defensa de las personas con problemas de salud mental y sus familias en Andalucía.
El periodo de consulta pública previa a la elaboración de esta normativa estará vigente entre este martes, 13 de junio, y el próximo 3 de julio, según la documentación publicada por la Junta de Andalucía en su portal web, consultada por Europa Press.
Como antecedentes de esta norma sometida a consulta pública previa, la Junta cita, por un lado, el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que "establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior, y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población".
También cita la Consejería de Salud y Consumo como antecedente de este proyecto de decreto el III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (2016-2020), con adendas incorporadas durante los años 2021 y 2022.
Con este decreto, el Gobierno andaluz pretende "solucionar" los "problemas" relativos a "la defensa de los derechos fundamentales y la garantía de las libertades públicas de las personas en el ámbito de la salud mental", y con él se busca "poner a disposición de la ciudadanía una oficina de atención especializada, mediante la que las personas con problema de salud mental puedan hacer llegar sus demandas y necesidades".
OBJETIVOS
De esta manera, como objetivos de esta norma el Gobierno andaluz recoge el de "regular" la "creación y funcionamiento de la Oficina para la defensa y el acompañamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familiares", así como "regular el procedimiento para la tramitación de las quejas y reclamaciones en materia de salud mental".
Para justificar esta iniciativa, desde el Gobierno andaluz explican que "la experiencia acumulada tanto en el Sistema Sanitario Público de Andalucía como en el ámbito de la defensa de los derechos pone de manifiesto el importante número de personas que por circunstancias derivadas de sus problemas de salud mental requieren de un mecanismo específico y de cercanía que contribuya a garantizar sus derechos dentro del sistema sanitario público, a la vez que de apoyo y cobertura de las necesidades individuales que no están siendo adecuadamente atendidas, con el fin de mejorar su bienestar".
Para ello resulta "necesario articular su coordinación a través de un órgano especializado", según abunda el razonamiento de la Junta, desde donde se subraya que "el creciente colectivo de personas con problemas de salud mental se ve en muchas ocasiones en situación de desamparo y vulneración de sus derechos y con dificultades añadidas para hacerlos prevalecer por las vías ordinarias".
"Las organizaciones de afectados y familiares han reivindicado históricamente la creación de una defensoría de derechos específica para hacer frente a esta realidad", añade el Gobierno andaluz, que al hilo cita el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (Pisma), que "se basa en los principios y enfoques que han de regir la atención comunitaria, orientada a la recuperación de las personas con enfermedad mental, enriquecidos con aquellos que asumen los planes integrales de la Consejería de Salud y el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en su conjunto".
El Plan agrupa estos principios y enfoques "en tres grandes pilares, que deben constituir la base de la orientación de los servicios: la evidencia, la experiencia y el pilar ético, elemento transversal que impregna a los otros dos".
Según aclaran desde la Junta, durante los pasados años 2021 y 2022, las adendas incorporadas al Plan han establecido también los "objetivos prioritarios" de la salud mental en Andalucía, reflejándose en estos documentos "la importancia de la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares, así como de la importancia de la lucha contra el estigma".
Por todo ello, desde la Junta consideran "necesario" la creación de "un servicio administrativo con gestión diferenciada, figura jurídica prevista en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dado que comportará una especialización funcional dentro de la organización de la Consejería competente en materia de salud, además de una identificación singular de este servicio público ante la ciudadanía".
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En el marco de este proceso de consulta pública previa a la elaboración del decreto, "la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren" pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados con esta iniciativa durante un plazo de 15 días hábiles, a partir de este martes, 13 de junio, a través del buzón de correo electrónico 'consultas.previas.csc@juntadeandalucia.es'.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.