Publicado 29/04/2022 12:28

Andalucía abre el plazo de convocatoria para las ayudas a las empresas de inserción

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Archivo - Andalucía abre el plazo de convocatoria para las ayudas a las empresas de inserción - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ('https://juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00029-6...') la nueva convocatoria de ayudas para promover la inclusión sociolaboral de los colectivos en situación de exclusión a través de las empresas de inserción, a la se destina a lo largo de este año un total de 2,4 millones de euros.

Las entidades interesadas tienen un plazo de un mes, desde el martes 3 de mayo hasta el próximo 2 de junio, para solicitar estos incentivos en régimen de concurrencia no competitiva, con los que está previsto apoyar alrededor de 240 puestos de trabajo, según ha trasladado la Junta en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que pueden solicitar estas subvenciones las sociedades mercantiles o cooperativas inscritas en el registro de empresas de inserción de Andalucía. Los formularios de solicitud se podrán obtener en el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía a través de 'https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytraba..., o bien directamente en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo (https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/'.

Esta convocatoria cuenta con cinco líneas de ayuda económica, tres de ellas destinadas al fomento de la contratación y dos dirigidas a favorecer la sostenibilidad económica de estas empresas.

Junta ha resaltado que las empresas de inserción desarrollan una función social centrada en facilitar la inserción de las personas en situación de exclusión en el mercado de trabajo ordinario. El objetivo de esta convocatoria es propiciar la participación en el empleo de aquellas personas con mayores dificultades de inserción laboral.

El primer bloque está formado por una ayuda dirigida a las empresas de inserción, de 2.000 euros, por la contratación indefinida en el mercado laboral normalizado de una persona trabajadora en situación de exclusión social, perteneciente a la plantilla de la empresa. La cuantía del incentivo se incrementará un 25% cuando la persona contratada sea mujer. Esta ayuda cuenta con una inversión total de 100.000 euros.

Asimismo, ha indicado que la segunda ayuda tiene por objeto incentivar la contratación y/o el mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción. En este caso, la ayuda cubre el 50% de los costes salariales derivados de la contratación, y asciende hasta un 80% en caso de empresas de inserción de nueva creación durante el primer año de contrato. La cuantía máxima del incentivo se incrementará un 10% cuando la persona contratada sea mujer. Esta ayuda cuenta con una inversión de 1.370.000 euros.

Por último, ha remarcado que el tercer incentivo es una ayuda que cubre los costes salariales derivados de la contratación o mantenimiento del personal técnico encargado de las acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción de las personas trabajadoras en estas empresas, para lo cual la Junta destinará una inversión de 700.000 euros.

AYUDAS PARA LA VIABILIDAD ECONÓMICA

Por otro lado, ha puntualizado que la convocatoria cuenta con dos incentivos para favorecer la sostenibilidad económica de las empresas de inserción, que son entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, un sector empresarial que aglutina a alrededor de 19 empresas calificadas en la comunidad autónoma andaluza.

Así, ha explicado que se trata, por un lado, de un incentivo dirigido a financiar como máximo el 80% de los gastos de desarrollo de una asistencia técnica con el objetivo de facilitar y garantizar la viabilidad de estas empresas, con una ayuda que asciende a 6.000 euros en caso de estudios de mercado o de viabilidad económica o financiera; 1.500 euros para la realización de auditorías contables no obligatorias y auditorias sociales; y 1.000 euros para las certificaciones de calidad. La partida global de este incentivo asciende a 100.000 euros.

Por otro lado, ha informado que se establece una ayuda destinada a financiar la inversión en inmovilizado realizada para la creación de puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social, que asciende al 80% del coste total de la inversión (en instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones), con un límite máximo de 40.000 euros. El incentivo será de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para contratos a media jornada.

Cuando la persona contratada sea mujer el importe de la ayuda será de 10.000 euros y el límite máximo subvencionable ascenderá a 50.000 euros. Esta ayuda cuenta con una inversión de 130.000 euros.

COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

Entre los colectivos que se consideran personas en situación de exclusión, Junta ha detallado que se encuentran las perceptoras de rentas mínimas de inserción y los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social y personas internas de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto.

También ha concluido que se incluyen a personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados; mujeres víctimas de violencia de género; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares; desempleados mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante, al menos, doce meses; y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%, entre otros.

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