SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
En los próximos días van a llegar a Andalucía 58 refugiados demandantes de asilo reubicadas desde Grecia, en el marco del acuerdo del Estado español con la Unión Europea, 52 de nacionalidad siria y seis procedentes de Irak. Con ellas, la cifra total de personas acogidas en Andalucía asciende a 929, de las que 339 han llegado desde Grecia, Italia y Turquía.
Según ha informado la Consejería de Justicia e Interior a través de un comunicado, la reubicación se realizará entre las cuatro entidades sociales encargadas de la acogida en Andalucía: a Almería llegarán seis personas a cargo de Cepaim, 23 a Huelva a cargo de Cruz Roja, 15 a Málaga (cuatro a cargo de CEAR y once de Cruz Roja) y 14 a Sevilla (diez personas en el Centro de Acogida de Refugiados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cuatro en Cepaim).
La Junta de Andalucía completa la atención a estas personas garantizando su acceso a los sistemas de salud, educación y servicios sociales, todo ello coordinado a través de la Mesa Técnica de atención a Refugiados creada por la Consejería de Justicia e Interior para garantizar que haya una acción conjunta e integral en el proceso de acogida.
La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha señalado que esta nueva llegada refugiados "demuestra que Andalucía es una comunidad solidaria y acogedora con estas personas que vienen a nuestra tierra buscando un futuro mejor, como un día otros territorios fueron solidarios con las andaluzas y los andaluces".
De esta forma, las comunidades autónomas completan el proceso de primera acogida que dispensan las ONG que recibieron una financiación extraordinaria del Gobierno central a finales de 2015 para ese fin.
Según los datos aportados por el Gobierno central, Andalucía es la única que ha puesto en marcha un dispositivo específico para atender a menores refugiados no acompañados, que están actualmente tutelados por la Administración autonómica en Motril (Granada). Además, la Junta, a través de la Aacid, ha financiado a Acnur un programa para atender durante el invierno a las personas residentes en los campamentos de Grecia.
Con esta intervención se beneficiaron un total de 1.440 personas, 561 de ellas mujeres, a las que se distribuyeron kits y ropa de invierno (sacos de dormir y mantas térmicas) y facilitado alojamiento de emergencia contra el frío.
En estos momentos, el compromiso del Estado español no alcanza el ocho por ciento de lo acordado con la Unión Europea, a pesar del aumento en el número de solicitantes registrado en 2016. Por ello, la Junta considera que "urge el establecimiento de un sistema de acogida más flexible y sostenible", que evite las dificultades en el acceso y ponga en marcha vías legales y seguras de llegada, como los visados humanitarios, la demanda más generalizada entre las organizaciones sociales que atienden a estas personas.
Los retrasos en las resoluciones de las solicitudes de asilo han provocado la acumulación de más de 21.000 solicitudes pendientes de resolver, lo que supone mantener en suspenso el futuro de estas personas. Por ese motivo, la Junta reclama un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil para acelerar la respuesta y alcanzar el compromiso del Estado español.
Al respecto, Aguilar ha reiterado que la Unión Europea "sigue sin actuar en coherencia con sus valores fundacionales de solidaridad y de respeto por la dignidad y los derechos humanos, al hacer interpretaciones más que dudosas de los tratados internacionales y europeos, mientras que el Gobierno central, que es el competente en política de asilo en nuestro país, tampoco ha ofrecido una respuesta adecuada a este problema".
Según la consejera, se trata de un asunto que ninguna administración, ni el ejecutivo central ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos, puede afrontar por sí sola, ya que obliga a la colaboración y coordinación de todos ellos "para hacer política con mayúscula, política de Estado", con la ayuda de las entidades sociales que trabajan en este campo.
La titular de Justicia e Interior ha reconocido el trabajo de las organizaciones sociales y la solidaridad de los ayuntamientos, entidades y ciudadanía de la comunidad andaluza que han decidido, anticipándose al Gobierno de España, declararse acogedores.
El Gobierno andaluz está trabajando de manera coordinada y permanente con las entidades sociales especializadas que trabajan en el campo de la inmigración y la atención a las personas refugiadas, y desde marzo de 2016 está constituida una Mesa Técnica de coordinación formada por todos los departamentos de la Junta competentes en esta materia.