SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha participado en la jornada 'La protección jurídica y administrativa de los consumidores ante los fraudes digitales', celebrada en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS). Se trata de una jornada organizada por la Sección de Derecho de los Consumidores, en colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que se ha abordado el problema "creciente" en materia de cibercriminalidad, en especial con los fraudes digitales a través de diversas técnicas como el phishing, smishing y vishing, entre otros. Para evitarlos, la Junta aboga por estar informado y formado digitalmente.
La directora general de Consumo, Milagros de Borbón, ha protagonizado la sesión inaugural en la que ha destacado la importancia de iniciativas que redundan en un "mejor conocimiento de la realidad de la ciberdelincuencia y en una mayor coordinación para mejorar la protección de las personas usuarias". La directora general de Consumo ha puesto de relieve el escenario donde se enmarca esta creciente ciberdelincuencia y ha recalcado la Brújula de la UE para la Década Digital 2030, que fija objetivos hacia la transformación de Europa en paralelo a un "mayor empoderamiento digital de la ciudadanía europea".
En este contexto de "avance imparable hacia la digitalización", Milagros de Borbón ha incidido en objetivos fundamentales de esta Brújula Digital, que comparte la Junta de Andalucía, como son "dar prioridad a las personas, garantizando la seguridad y el uso responsable de la tecnología e internet y la seguridad; la efectiva protección contra contenidos ilegales y perniciosos; o la promoción de la capacitación digital en la ciudadanía".
También ha resaltado la directora general que la Dirección General de Consumo defiende la denominada Agenda del Consumidor Europeo, que establece como ámbitos prioritarios en la transformación digital hacer frente a las prácticas comerciales online abusivas, anteponer los intereses de las personas consumidoras a la hora de establecer marcos normativos en la economía digital, reforzar la protección de los usuarios ante la digitalización de los servicios financieros y, de manera especial, la protección de determinados grupos que destacan por su vulnerabilidad, como son los menores de edad, la tercera edad y las personas con discapacidad.
La directora general ha recalcado la "amplitud del concepto de la vulnerabilidad digital", que afecta al conjunto de la ciudadanía en este escenario de continua transformación digital y por ello ha hecho hincapié en la necesidad de "solucionar las brechas digitales de la población a través de conocimientos y herramientas", y poniendo el énfasis en la "información y en la prevención", porque "el consumidor prevenido es aquel que está informado y formado adecuadamente, y tiene que acompañarle la responsabilidad".
Milagros de Borbón ha recordado que, en materia de cibercriminalidad, se ha producido un "incremento exponencial", como lo demuestran los datos del Ministerio del Interior, que en el caso de la Andalucía se ha pasado de los 23.237 casos de 2019 a los 72.795 registrados en 2023, lo que supone un aumento del 313,27%. También ha participado la Dirección General de Consumo en la conferencia 'Casuística y experiencias de los Servicios Jurídicos de OCU en Sevilla en procedimientos judiciales sobre fraudes digitales a consumidores y usuarios'.
El jefe del Servicio de Educación y Promoción de las Personas Consumidoras, Antonio Ballesteros, ha subrayado que es "esencial sensibilizar" al conjunto de los consumidores en relación con el buen uso de las tecnologías y tener una actitud proactiva en ciberseguridad. Ballesteros ha expuesto los diferentes recursos de la Dirección General de Consumo, en especial el servicio Consumo Responde.