SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Para crear y poner en marcha comunidades energéticas, además de un grupo de participantes cohesionado y comprometido, y proximidad a las fuentes de energía renovable, se requiere de una inversión inicial y de determinados conocimientos jurídicos, siendo aconsejable también la involucración de las administraciones locales.
Estos desafíos técnicos, normativos, económicos y sociales son los que se quieren abordar en el proyecto europeo REC4EU, 'Renewable Energy Communities for EU Regions' (Comunidades de energía renovable para las regiones de la Unión Europea), enmarcado en el programa Interreg Europe, del que forma parte la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, junto con otros siete socios de seis países de la Unión Europea (UE).
El objetivo de esta iniciativa de cooperación territorial, que cuenta con un presupuesto global de 1,8 millones de euros, es dotar a las administraciones locales y regionales de herramientas para la creación y el desarrollo de comunidades de energía renovable, fortaleciendo el método de gobernanza de las entidades públicas y su capacidad para acompañar en todo el proceso, involucrando también a los actores relevantes.
Para alcanzar esta meta, todas las organizaciones que participan en este proyecto europeo están poniendo en común sus conocimientos y avances sobre esta esta materia: la propia Agencia Andaluza de la Energía (España), la Agencia Regional para la Gestión de Residuos y Recursos (Italia) -que lidera el proyecto-, el Gobierno Regional de Toscana (Italia), la Agencia Eslovaca de Innovación y Energía, la región de Lublin (Polonia), la región de Tampere (Finlandia), la Agencia local francesa de Energía y Clima de Aquitania; y la asociación belga Energie Commune.
Cada uno de los socios ha realizado un análisis DAFO (de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) regional, que en el caso de Andalucía fue elaborado por la Agencia Andaluza de la Energía y completado con las aportaciones de las más de 40 entidades que forman parte del grupo de stakeholders andaluces. Y, utilizando los resultados obtenidos de todos los participantes, se ha definido un 'DAFO europeo', sobre el cual se ha trabajado en la reunión celebrada en Tampere (Finlandia), abordando cómo superar las barreras y debilidades identificadas en este análisis.
Para ello, además, cada socio ha escogido y presentado su mejor práctica como referencia para el resto de los participantes sobre cómo dar una respuesta a las debilidades y amenazas detectadas. En este contexto, la Agencia Andaluza de la Energía expuso con detalle a los asistentes el proceso de constitución de la comunidad energética desarrollada en el barrio sevillano de Torreblanca que va a permitir que, gracias a dos instalaciones fotovoltaicas ubicadas en dos colegios públicos de la zona, quince familias reciban energía de forma gratuita.
Un proceso para el que se elaboró la Guía jurídica para la constitución de comunidades energéticas en entornos vulnerables, en la que se realiza un completo análisis de las figuras jurídicas existentes que mejor se adaptan al funcionamiento de una comunidad energética según las definiciones recogidas en las directivas europeas. Y donde también se ofrece un manual de funcionamiento que describe los diferentes tipos de miembros y sus funciones, sus derechos y obligaciones, así como el protocolo de entrada y salida de estos; y un modelo de Estatuto para la creación de una comunidad energética bajo la fórmula jurídica de asociación.
La Agencia también explicó la labor de asesoramiento que realiza para facilitar que las entidades interesadas de la comunidad autónoma puedan optar a las ayudas nacionales existentes para proyectos piloto singulares de comunidades energéticas o para la creación de Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de estas.
Durante esta reunión celebrada en Finlandia, los asistentes han podido conocer también ejemplos de comunidades energéticas ya operativas en el país y las herramientas que han desarrollado para su gestión energética. Así, han visitado, entre otras, la localidad de Marjamäki, Lempäälä, donde el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia desarrolló Lemene, el primer sistema energético autosuficiente puesto en marcha a escala nacional, que tiene la capacidad de funcionar como una red eléctrica independiente (con 13.200 paneles solares, motores de gas para la producción combinada de calor y energía, acumuladores para electricidad y calefacción urbana, así como pilas de combustible de nueva generación). Todo el sistema energético está monitorizado por un controlador de microrred, capaz de pronosticar y optimizar la producción considerando las condiciones y regulando el consumo.
Además, se presentaron dos comunidades energéticas finlandesas, la de Ylöjärvi energy community y la Koivistontie energy community, cuyas instalaciones renovables ubicadas en los edificios de viviendas reparten la energía entre los usuarios de cada edificio puesto que, de momento, la legislación finlandesa no permite el autoconsumo compartido entre más de un bloque, si bien ya está en elaboración la normativa para legalizar otras modalidades de autoconsumo.
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