Andalucía inicia la tramitación del anteproyecto de Ley para crear el Colegio de Detectives Privados

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este lunes, 16 de diciembre, el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía.

Se trata de "una reivindicación que reclama desde hace años este colectivo y que la normativa andaluza vetaba, a diferencia de otras comunidades", según se expone en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se destaca que, por ello, la Junta de Andalucía corrigió esta situación en el cuarto decreto de simplificación administrativa para acabar con la discriminación de los profesionales que ejercen en la comunidad".

La ley andaluza que regula los colegios profesionales sólo permitía constituir este tipo de entidades en aquellas actividades que cuentan con una titulación universitaria oficial para su ejercicio. La Junta de Andalucía abrió la posibilidad a profesiones que, sin contar con tal titulación, sí están reguladas y requieren una habilitación administrativa para ejercerla.

Es el caso de los investigadores privados, que necesitan la habilitación expresa del Ministerio del Interior y la expedición de una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) por parte de la Dirección General de la Policía.

Alrededor del 25% de los 2.000 profesionales con licencia para ejercer que hay en España son andaluces y 208 despachos de detectives de los 1.194 existentes en todo el país se ubican en el territorio andaluz. De hecho, seis de las diez universidades públicas andaluzas imparten diplomas, máster, cursos u otros títulos reconocidos por el Ministerio del Interior como habilitantes para ejercer esta actividad.

Comunidades como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana o Murcia sí cuentan con colegios, por lo que los profesionales andaluces se encontraban, según la Junta, "en una situación de indefensión al no poder tener una entidad que defendiera sus legítimos intereses profesionales", y "muchos profesionales andaluces se colegiaban en otros territorios".

Tras la aprobación del decreto de simplificación administrativa que abrió la posibilidad a este y otros colectivos, la Asociación de Detectives Privados de Andalucía reiteró la solicitud de crear un colegio profesional.

En virtud de esta petición, y conforme al cambio legislativo, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función inició la tramitación de la normativa para hacerlo.

Tras someter el texto a exposición pública para recibir aportaciones, así como a los informes preceptivos correspondientes, se inicia ahora la tramitación del anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía como entidad de Derecho Público de ámbito autonómico, siendo la colegiación voluntaria y no obligatoria para realizar esta actividad.

El futuro colegio "regulará el ejercicio de la profesión y ofrecerá una garantía de calidad y un mejor control en la prestación de servicios relacionados con la investigación privada". Según destacan desde la Junta, "beneficiará tanto a los detectives, al contar con una entidad que defenderá sus derechos profesionales en igualdad de condiciones que sus compañeros de otras comunidades, como a las personas consumidoras y usuarias que contraten sus servicios".

Además, "las administraciones contarán con un interlocutor con el colectivo", según resalta también el Gobierno andaluz, desde donde aclaran que la entidad deberá crear y mantener actualizado un registro en el que se incluirán los datos de las personas colegiadas.

La norma fija los plazos para constituir los órganos de dirección y aprobar los estatutos que regularán la entidad. Así, desde su entrada en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el plazo de dos meses se nombrará una comisión gestora que tendrá seis meses para elaborar unos estatutos provisionales, que remitirá a la Consejería de Justicia para que verifique su legalidad y se publiquen en BOJA.

Una vez publicados, habrá un plazo de cuatro meses para celebrar la asamblea constituyente que elija a los miembros de los órganos de gobierno y apruebe los estatutos definitivos, que de nuevo se remitirán a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva, publicación e inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.