Andalucía recibe premio de la Asociación Española de Mediación al mejor programa de Justicia Restaurativa por el Sempa

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha recogido este miércoles en Madrid el I Premio Internacional de Justicia Restaurativa Manuel Abad, en la categoría al Mejor Programa de Justicia Restaurativa, concedido al Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa) por la Asociación Española de Mediación (Asemed).

El Sempa es un servicio público y gratuito que la Consejería de Justicia puso en marcha el pasado mayo en cinco provincias y desde septiembre está implantado en toda Andalucía con "muy buenos resultados", ya que en este tiempo los juzgados han derivado más de un millar de asuntos al mismo y ya se han cerrado 375 acuerdos.

Según un comunicado, Nieto ha agradecido este reconocimiento a un servicio que forma parte de la Estrategia de Mediación de la Consejería para impulsar fórmulas alternativas de resolución de conflictos que contribuyan a reducir la alta tasa de litigiosidad en Andalucía, por encima de la media nacional y de la mayoría de las comunidades, y la sobrecarga que ésta supone en los tribunales.

Para el consejero, el premio supone "una motivación para seguir trabajando por lograr un cambio cultural en el que antes de acudir a la Justicia ante cualquier conflicto, se apueste por el diálogo y la búsqueda de consensos, y reservar así los tribunales para asuntos complejos que requieren un análisis jurídico profesional".

"La mediación ahorra tiempo y costes, ya que permite alcanzar acuerdos en un mes sobre asuntos que en los tribunales tardan uno o dos años en resolverse, y además permite alcanzar una solución más satisfactoria para las partes, porque se basa en el diálogo y el consenso entre ellas y no en la decisión impuesta por un tercero que a veces no satisface a ninguna", ha destacado.

El Sempa es uno de los instrumentos puestos en marcha por la Consejería para promover ese cambio cultural en Andalucía.

Instalado en las principales sedes judiciales de las capitales, recibe asuntos derivados de los juzgados de todos los partidos judiciales y cuenta en cada provincia con un equipo integrado por tres profesionales (un jurista, un trabajador social y un criminólogo), todos ellos con formación especializada en mediación.

Desde su puesta en marcha, ha recibido 1.084 asuntos y ha atendido a 992 personas, el 93% correspondientes a delitos leves, sobre todo de amenazas y lesiones, si bien se pueden derivar todo tipo de delitos salvo los relativos a violencia de género o sexual.

De los expedientes derivados, se han finalizado 438 procesos de mediación y en el 85,6% de los casos se ha alcanzado un acuerdo (375) con un plazo medio de resolución de un mes.

Junto a la creación de este servicio, el consejero ha detallado otras medidas pioneras impulsadas en Andalucía.

Así, desde el 1 de enero, la mediación está incluida en el sistema de Justicia Gratuita de forma que los andaluces que tienen derecho a un abogado de oficio pueden solicitarlo para este tipo de procesos.

Los profesionales reciben una retribución de hasta 400 euros por su asistencia en caso de acuerdo. Además, la Consejería tramita la creación de un Registro andaluz de profesionales y entidades de mediación y de un Consejo Andaluz de Mediación.

Todo ello se une a los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) instalados en las principales sedes judiciales desde 2021, a los que pueden acudir los ciudadanos para recibir orientación sobre cómo acudir a la resolución extrajudicial de conflictos.

Asimismo, la Junta también gestiona los equipos de mediación de Justicia Juvenil que trabajan desde hace años con los menores infractores con un alto grado de éxito.

Nieto ha añadido que la consejería también trabaja con las Cámaras de Comercio y los Colegios de Graduados Sociales para extender la mediación al ámbito civil, mercantil y laboral desde el "convencimiento de que es una alternativa más ágil, barata y satisfactoria que permitiría optimizar los recursos del sistema judicial y lograr que los procesos que tienen que verse obligatoriamente en los tribunales se resuelvan en plazos razonables para la ciudadanía y no veamos cómo se señalan juicios a años vista ni se eternizan los procedimientos".