Publicado 14/01/2025 18:58

El anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía afronta el análisis de las alegaciones

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco).
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente avanza en el análisis de las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam). "Este proceso refleja el compromiso firme del Gobierno andaluz de construir un texto legal consensuado, adaptado a las necesidades actuales y futuras, y orientado a convertir a Andalucía en un referente de sostenibilidad", ha señalado la consejera del ramo, Catalina García.

Tal y como ha detallado la Consejería en una nota de prensa, la consejera ha participado en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) junto con la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo; el presidente de Promotores de Gaesco, Gabriel Rojas, y el gerente de Gaesco, Juan Aguilera.

Asimismo, García ha apostillado que el foro "es una plataforma de diálogo, debate y reflexión sobre temas claves para el sector de la construcción, el urbanismo y el desarrollo económico sostenible".

Así, ha agradecido la presencia de profesionales, expertos, representantes institucionales y otros actores relevantes, "que tienen mucho que decir sobre este anteproyecto".

En este sentido, la consejera ha detallado que tras la publicación del anteproyecto de Ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para someterlo a información pública, "se han recibido numerosas aportaciones que ahora están siendo analizadas con rigor, desde la perspectiva de que todas las iniciativas suman y queremos que sirvan para hacer el mejor texto posible".

De este modo, ha incidido en el marco de diálogo impulsado por la Junta, que ha contado con una agenda de presentaciones en las ocho provincias andaluzas, en los que se ha podido debatir el impacto positivo que va a tener esta ley en sectores fundamentales como el agroindustrial, el energético, el minero y el pesquero.

"La Legam tiene un impacto directo en estos sectores claves de la economía andaluza, tales como el ámbito agroindustrial, la nueva normativa agilizará trámites esenciales, permitiendo a las empresas avanzar con mayor rapidez y competitividad", ha incidido.

Del mismo modo, "fomenta la innovación tecnológica en sectores estratégicos como el energético y el minero, apostando por proyectos como la integración de energías renovables y la promoción del hidrógeno verde", ha precisado la titular del ramo.

De esta forma, ha remarcado que la Ley "busca simplificar, modernizar y agilizar los procedimientos administrativos, fortaleciendo la seguridad jurídica" y así, ha recordado que entre los objetivos más destacados del anteproyecto, se encuentra la simplificación administrativa, con la reducción de los plazos para las autorizaciones ambientales unificadas (AAU), de ocho a seis meses, y la introducción de la figura de la Licencia Ambiental, de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental.

Además, García ha asegurado que este proyecto "impulsa la sostenibilidad, puesto que prevé un fomento de tecnologías sostenibles, incentivos fiscales y medidas que promuevan la economía circular, la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales y el establecimiento del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía (CAMA), que reforzará el diálogo entre la administración, los agentes sociales y la sociedad civil".

Por todo ello, la consejera ha puesto de relieve que "el objetivo último es equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental, ofreciendo a Andalucía una herramienta legal moderna que garantice la sostenibilidad en todos los ámbitos".

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