SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sendas órdenes por las que se implantan las nuevas oficinas Judicial y Fiscal en esta comunidad autónoma y se aprueban sus respectivas relaciones de puestos de trabajo, lo que supone el desarrollo en Andalucía de un modelo "más eficiente" de organización de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, ofreciendo a la ciudadanía un servicio "con mayor agilidad y calidad".
Según estas órdenes de Justicia e Interior, la nueva Oficina Judicial se implanta, en primer lugar, en los partidos judiciales de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga, y la nueva Oficina Fiscal en la Fiscalía Provincial de Sevilla y en la Fiscalía de Área de Dos Hermanas, con una relación de puestos de trabajo que asciende a un total de 166 funcionarios actualmente, según ha informado la Junta en un comunicado de prensa.
La fecha de entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas será fijada mediante una resolución, una vez que hayan sido aprobadas por el Ministerio de Justicia las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, tal como se dispone en ambas órdenes.
En virtud de esta normativa, la nueva Oficina Judicial se organiza en torno a dos tipos de unidades, como son la Procesal de Apoyo Directo y el Servicio Común Procesal de Partido Judicial. La primera asistirá directamente a los miembros de la judicatura y estará dirigida por un secretario judicial, mientras que la segunda, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asumirá labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Los servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial.
Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones, procesal general y de ejecución.
CUATRO ÁREAS EN FISCALÍA
En cuanto a la nueva Oficina Fiscal, se podrán crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
Además, el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
La implantación de las nuevas oficinas Judicial y Fiscal en Andalucía cumple el acuerdo de la Mesa Sectorial de Justicia, en la que se encuentran representadas los sindicatos representantes del personal funcionario y la Consejería de Justicia e Interior.
De esta forma, se mantienen todas las retribuciones que vienen percibiendo los funcionarios, garantizando que ninguno sufrirá pérdida salarial alguna con el proceso de acoplamiento a la nueva estructura y consolidándose definitivamente como complemento específico el provisional que venían percibiendo todos los funcionarios de estos partidos judiciales.
Además, el acuerdo establece la creación de puestos genéricos con funciones diferenciadas para atender el Registro Civil, las materias de violencia sobre la mujer, los actos de comunicación y la atención a la ciudadanía; el mantenimiento de los puestos que venían realizando guardias, respetando los turnos establecidos, y del personal de refuerzo para garantizar que el proceso de implantación se lleve a cabo de manera satisfactoria.