La Junta resalta que la garantía de pago a 20 días "protege a los proveedores"

El Decreto 5/2017 se aplicará a gastos en prestación de atención sanitaria y de hemoterapia, y servicios de odontología y podología

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha manifestado este jueves en sede parlamentaria que la publicación del Decreto 5/2017, de 16 de enero, que establece la garantía de pago a 20 días, "protege a los proveedores y blinda los servicios públicos esenciales, pese a las circunstancias económicas y por encima de las situaciones que puedan presentarse".

Así, en repuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la Comisión de Salud, ha destacado que este Decreto, que establece los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, y que entrará en vigor el próximo 20 de marzo, tiene por objeto garantizar este plazo de pago especialmente en los sectores de salud, educación y servicios sociales.

En el ámbito de la Consejería de Salud, el plazo de 20 días establecido en el Decreto se aplicará para gastos que estén relacionados con la prestación de atención sanitaria y de hemoterapia, tanto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como de las agencias públicas empresariales sanitarias, y de los servicios de odontología y podología.

Asimismo, el Decreto contempla un plazo de garantía de pago de 45 días para las ayudas a familias e instituciones sin ánimo de lucro, canalizadas a través de la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental y la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental y por la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos con Alzheimer.

Aquilino Alonso ha resaltado que este Decreto va a repercutir directamente en el funcionamiento de las infraestructuras sanitarias, ya que se garantizará a las empresas la seguridad en el pago regular de las facturas, independientemente de las circunstancias de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Además, esta normativa también contempla la posibilidad de extender su ámbito de aplicación al resto de contratos del sector sanitario.

Por todo ello, este Decreto supone "una apuesta más de la Junta de Andalucía por la protección de los servicios básicos y por favorecer el desarrollo de las empresas que los prestan", ha concluido el responsable de la sanidad pública andaluza.