La Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, con presupuesto de ocho millones hasta 2020

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha establecido un presupuesto de dos millones de euros anuales hasta 2020 --es decir, un total de ocho millones-- de cara a la implantación de la nueva Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que realizará un diagnóstico de la contaminación atmosférica y establecerá planes de mejora.

Así lo ha manifestado en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz el consejero del ramo, José Fiscal, cuyo departamento está a punto de finalizar el primer borrador de la misma, un documento que sentará las bases de la actuación de la Junta en esta materia para los próximos años. Con esta iniciativa se pretende realizar un diagnóstico exhaustivo de la calidad del aire en todo el territorio andaluz, determinando las posibles fuentes contaminantes que inciden en la misma.

Con esta estrategia se establecerá también un marco de colaboración para la elaboración de planes de mejora en situaciones en las que se incumpla la normativa vigente, además de fijar unos objetivos de reducción de los niveles de contaminantes y de trazar las líneas a seguir para intentar cumplir cuanto antes los límites legales y los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este documento partirá asimismo de un análisis de todas las zonas en las que se divide Andalucía, considerando los principales contaminantes y sus valores, además de determinar los principales sectores responsables de las emisiones. Así, en función de la situación de cada área, se plantearán unos objetivos alcanzables, para lo cual se dispondrá de una serie de medidas particularizadas para aplicar a cada contaminante. Cabe destacar que la zonificación actual de Andalucía se articula en un total de 13 zonas para los contaminantes y partículas en suspensión (PM10 y PM2, 5), mientras que para el resto de contaminantes Andalucía se divide en 12.

El consejero ha avanzado que este primer borrador se distribuirá entre los diferentes departamentos de la administración autonómica para que realicen sus aportaciones y, posteriormente, se expondrá en información pública para su consulta y presentación de alegaciones. A continuación, la propuesta de dicho documento se elevará al Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación definitiva.

Los resultados provisionales de este texto aclaran que la mayoría de los contaminantes que inciden en la calidad del aire en Andalucía ofrecen valores inferiores a los límites legales vigentes en la normativa europea. No obstante, en algunas zonas concretas existen problemas debido especialmente a la emisión de sustancias procedentes del tráfico de vehículos y, en algunos casos, por emisiones industriales, dando lugar a puntuales superaciones de los límites legales. A ello hay que añadir otro tipo de contaminación que supone un problema generalizado en todo el territorio, como los elevados niveles de ozono que se evalúan en época estival.

La actual normativa solo obliga a elaborar planes de acción a corto plazo o planes de mejora de la calidad del aire en situaciones de riesgo o superación de los límites legales de determinados contaminantes, respectivamente. Sin embargo, existen sustancias que, aunque no superen los límites, pueden ver reducidos sus niveles ambientales adoptando las medidas adecuadas, para lo cual se precisa de la colaboración de todas las administraciones, sobre todo de los ayuntamientos.

Fiscal, que ha apuntado a la prevención como la principal causa que mueve a la Consejería a la hora de implantar esta estrategia, ha recordado que en Andalucía el seguimiento de la contaminación atmosférica se realiza a través de la Red de Vigilancia y control de la Calidad del Aire. Este sistema integral de evaluación y análisis dispone de estaciones fijas y sensores, unidades móviles, una serie de captadores gravimétricos, un laboratorio y un centro de datos en el que se analizan los valores registrados.

PIDEN "CELERIDAD" EN LA TRAMITACIÓN

En lo tocante a la reacción de los grupos, la parlamentaria del PP Ana Vanessa García Jiménez ha puesto el foco en los plazos que la Consejería establece para poner en pie las actuaciones mencionadas, abogando en este sentido por pedir "celeridad" y que la tramitación y elaboración de esta iniciativa no se hagan "eternas".

Asimismo, ha recordado la importancia de que se cumplan los propios planes autonómicos, teniendo en cuenta la relación con otras consejerías, tildando por otra parte de "fundamental" la colaboración entre administraciones y reclamando que se contemple el apoyo técnico y material para los ayuntamientos con este asunto, al igual que se ha hecho con los planes contra el ruido.

La diputada de Podemos María del Carmen Molina ha centrado toda su intervención en la problemática de las incineradoras y cementeras, recordando que nadie "puede aceptar de buen grado" que coloquen cerca de su domicilio una instalación con un gran volumen de quema de residuos, recalcando al respecto la "poca" producción energética en comparación con otras fórmulas vinculadas a la reutilización o el impacto socioeconómico "negativo" al afectar a la calidad ambiental del aire.

En lo tocante a la postura de Ciudadanos, la parlamentaria Marta Escrivá ha hecho hincapié en que las mediciones sólo suponen "el primer paso", siendo después necesaria una actuación para bajar el nivel de las partículas contaminantes. También ha reclamado conocer los resultados obtenidos y cómo los mismos encajan con las intervenciones a nivel nacional, aspectos concretos de la colaboración con comunidades vecinas o el calendario de aplicación de medidas, apostando por la aprobación de planes "ambiciosos" y estrategias "coordinadas entre sí y con presupuestos adecuados".

Por último, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro se ha preguntado por el nivel de consciencia de la verdadera importancia de la calidad del aire para la salud, alabando el trabajo "especializado, comprometido, serio y riguroso" de la Junta, al tiempo que ha recordado que se trata de una cuestión de todas las administraciones y la población.