SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha conocido este martes el informe elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el proyecto de la Orden por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la comunidad autónoma y que recoge el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz. Asimismo, el documento detalla las mejoras introducidas para esta prestación, entre las que destaca la configuración de un modelo básico de intervención basado en la atención integral centrada en la persona o la unidad de convivencia.
Por otra parte, se reconoce el proyecto de intervención social como procedimiento diseñado para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de necesidad. Y se conforma el concierto social como instrumento preferente en el supuesto de la gestión de forma indirecta del servicio mediante las diversas modalidades de gestión de servicios públicos.
Según una nota de la Junta, otro aspecto destacable es que, conforme a la legislación básica en materia de contratación, la nueva normativa aborda por primera vez el establecimiento de una serie de criterios a los que se deben ajustar los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de regir los procedimientos de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Así, se ha concretado la limitación del peso de la oferta económica, la consideración de aspectos sociales relativos al personal auxiliar para la mejora de las condiciones en las que realizan su trabajo y el reconocimiento de la importancia de su labor, así como aquellos que fomenten la integración social de colectivos desfavorecidos y requisitos especiales en las mejoras del servicio.
Asimismo, son también novedades el tratamiento de cuestiones como la necesidad de apoyo a las personas cuidadoras en mayor medida, el fenómeno de la soledad no deseada en las personas mayores y los derechos y deberes de las personas auxiliares de ayuda a domicilio, al igual que el otorgamiento a las entidades prestadoras de amplias facultades en la organización del servicio más allá de lo que dicte el Protocolo Individual de Atención y el proyecto de intervención social de los servicios sociales comunitarios.
Con esta nueva Orden, también se da respuesta a la necesidad de aprobar un nuevo marco jurídico que venga a incrementar la cobertura potencial de acceso. Su antecedente es la Orden aprobada con fecha 15 de noviembre de 2007 que derogaba la de 22 de octubre de 1996.
Durante este tiempo se fueron aprobando una serie de normas para adaptarla al marco jurídico vigente hasta la aprobación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que promovía el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, definiendo como prestación garantizada el servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
De esta forma, el 20 de abril de 2021 la Consejería de Igualdad daba inicio al procedimiento normativo para la aprobación de una nueva Orden que regule el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía tras los trámites públicos que comenzaron el 22 de octubre de 2019 con la consulta pública previa.
Como inicio al trámite de instrucción, se acuerda solicitar informes y consultas a la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Igualdad; los Servicios de Informática y de Sistemas de Información; el delegado de Protección de Datos; la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea; y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Además, se sometió el proyecto a información pública y se dio audiencia a 35 organizaciones y entidades, lo que destaca el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
De forma paralela a este procedimiento, la Consejería de Igualdad ha mantenido encuentros con los agentes sociales con el fin de acordar criterios comunes a recoger en la normativa. Así se llevaron a cabo en la Mesa de Diálogo Social, en la que estuvieron presentes la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO.
El compromiso de la Consejería es ofrecer todos los cauces de participación necesarios, a través de contactos en el seno de un grupo de trabajo que permita mantener actualizados los aspectos de la nueva regulación a fin de conseguir una mejora continuada de las condiciones en las que se presta el servicio.