SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha acordado sustituir, mientras esté vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno central por la crisis sanitaria del coronavirus, la fiscalización previa por el sistema de control financiero permanente para determinados gastos vinculados a programas de ayudas en alquileres de vivienda, y para víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
Así figura en una resolución, del pasado 29 de abril de 2020, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, que se apoya en un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 26 de marzo, por el que se adoptaban medidas "urgentes y excepcionales" en el ámbito del control interno de la gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta como consecuencia del Covid-19.
Así, dicho acuerdo establecía que, "hasta la finalización del estado de alarma, sus posibles prórrogas y de las excepcionales circunstancias que impidan el restablecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos, podrá aplicarse el régimen de control financiero permanente en sustitución de la fiscalización previa" (...) "en aquellos órganos, servicios y expedientes de gasto, que se determinen por la persona titular de la Intervención".
En concreto, entre los gastos cuya fiscalización previa se sustituye por control financiero permanente en esta resolución figuran las subvenciones concedidas al amparo de las normas reguladoras que se aprueben en desarrollo del artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relativo al Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.
De igual modo, también se sustituye la fiscalización previa por el control financiero permanente para subvenciones concedidas al amparo de las normas reguladoras que se aprueben en desarrollo del artículo 4 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, relativo al Programa de ayuda a las víctimas de violencia de genero, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
La resolución, firmada por la interventora general, Amelia Martínez, argumenta que, en ambos casos, "frente a las actuaciones de fiscalización previa, el control financiero permanente permitiría una mayor agilización en la concesión y pago" de dichas ayudas, "lo que resulta de gran importancia debido a las actuales circunstancias producidas por efecto del Covid-19".
El control financiero permanente al que quedan sometidos los gastos incluidos en esta resolución "será realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, a través de las Intervenciones designadas al efecto, a través de auditorías de cumplimiento de la legalidad económico presupuestaria y contable, plasmándose el resultado en la emisión de informes".
Así lo detalla la resolución de la Intervención de la Junta, que "será de aplicación desde la fecha de su firma, manteniendo sus efectos mientras continúe la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, momento en el que, mediante resolución" del mismo órgano, que se publicará en el BOJA, "se restablecerá la aplicación de la fiscalización previa" de dichos gastos de los que ahora se exime ese procedimiento.