Publicado 02/07/2024 15:52

La Junta abona más de 98 millones de euros en la primera anualidad de las ayudas agroambientales

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha tomado conocimiento del pago por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de las ayudas agroambientales correspondientes a 2023, que ascienden a más de 98 millones de euros y corresponden a la primera anualidad de un paquete que, en total, se eleva a 526,2 millones de euros para el periodo 2023-2027.

Además, también ha tomado conocimiento del pago establecido en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Comunitaria (Pepac), abonado a los agricultores y ganaderos situados en zonas afectadas por limitaciones naturales y que ha supuesto más de 16,7 millones de euros. Ambas ayudas han sumado unas ayudas de la Junta de Andalucía que ascienden a más de 115 millones de euros, según ha recogido la Junta en un comunicado.

Las ayudas agroambientales son un incentivo para la sostenibilidad de la actividad agraria en Andalucía al impulsar operaciones que persiguen el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de abandono. Además, estas subvenciones priman la introducción de sistemas productivos basados en un uso más sostenible de los activos naturales, el desarrollo de los recursos genéticos en la agricultura y el fomento del crecimiento y la consolidación del sector ecológico.

De los más de 526 millones de euros de crédito con los que cuenta el Gobierno andaluz para las ayudas agroambientales entre 2023 y 2027, la cuantía de las resoluciones se eleva a 509,7 millones de euros, que se reparten por sectores. Así, para mantenimiento de la producción ecológica se destinan 232,3 millones; para conversión a la producción ecológica, 114,9 millones; para cultivos sostenibles son 113,06 millones; a apicultura para la biodiversidad, 30,7 millones; y para razas autóctonas, 18,6 millones.

En el primer pago correspondiente a 2023, que suma en total 98 millones de euros, corresponde a mantenimiento de la agricultura ecológica 44,7 millones de euros para 12.214 beneficiarios y a conversión a la agricultura ecológica un total de 24,3 millones de euros para 5.780 beneficiarios productores de frutales de secano, frutales de regadío, herbáceos, arroz, hortícolas, viñedos, pastos, olivar y apicultura.

Respecto a los cultivos sostenibles, se abonan ayudas a 8.448 beneficiarios por un importe total de 20,03 millones para explotaciones de invernaderos, cultivos herbáceos de secano, cultivos industriales como algodón y remolacha, uva pasa y castaño. En apicultura para la biodiversidad, las ayudas por 5,8 millones han sido para 941 beneficiarios y la intervención para el fomento de las razas autóctonas ha sido de 3,6 millones de euros para 455 beneficiarios de las razas bovina, ovina, caprina, equina, asnal y porcina.

Con estas ayudas, correspondientes al Plan Estratégico de la PAC, el Gobierno andaluz atiende a la demanda social de producir alimentos de forma natural respetando el medio ambiente. En este sentido, han sido concedidas a personas físicas o jurídicas titulares de las explotaciones agrarias sobre las que se solicita la ayuda que deben estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa). Para optar a las subvenciones, los solicitantes se comprometen a mantener ciertas actividades agrarias durante cinco años seguidos.

En cuanto a las ayudas para titulares de explotaciones en zonas con limitaciones naturales, los 16,7 millones de euros se han repartido entre 14.091 beneficiarios. El objetivo de esta línea es apoyar la renta de los agricultores, teniendo en cuenta las diferencias económicas de las explotaciones y ayudar así a reducir el riesgo al que se enfrentan por encontrarse en estas zonas desfavorables.

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