SEVILLA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, prevé aprobar un decreto con el que actualizar su normativa relativa a las posibilidades que tienen los ciudadanos de trasladar sus quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos en el ámbito de la administración autonómica.
Así se desprende de la información publicada por la Junta en su página web, consultada por Europa Press, tras abrir un proceso de consulta pública previa en relación a un proyecto de decreto "por el que se establece el sistema de quejas, sugerencias y agradecimientos sobre el funcionamiento de los servicios públicos en la Junta de Andalucía".
El trámite de consulta pública previa a la elaboración de esta normativa está abierto desde el pasado 5 de agosto y se extiende hasta el próximo día 26, un periodo de tiempo durante el cual los ciudadanos pueden formular aportaciones por correo electrónico a la dirección 'participa.cjalfp@juntadeandalucia.es', indicando para ello su nombre y apellidos o "razón social o denominación de la entidad a la que represente".
Como antecedentes de la nueva norma que pretende aprobar la Junta, desde el Gobierno andaluz citan el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía, y el artículo 85 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Además, desde el Ejecutivo andaluz apuntan que con este proyecto de decreto se pretende "adaptar la normativa sobre esta materia, que tiene más de 30 años de antigüedad, a las necesidades de una sociedad andaluza moderna y al objetivo de la Administración andaluza para prestar unos servicios públicos de calidad", al tiempo que "aspira a dotar de mayor claridad los objetivos y posibilidades que la norma plantea para la ciudadanía en su forma de comunicarse" con la Junta.
De esta manera --según continúan explicando desde el Gobierno andaluz--, este proyecto de decreto "tiene por finalidad hacerse eco, por una parte, del Plan General de la Inspección General de Servicios para el año 2023, en lo relativo al análisis de las sugerencias y reclamaciones presentadas durante los años 2020 a 2022 a través del libro de sugerencias y reclamaciones, que ha permitido emitir una opinión fundamentada en evidencia, para abordar la tramitación de una nueva normativa reguladora de la materia, posibilitando con ello un sistema de reclamaciones y sugerencias que sea un efectivo instrumento de mejora de los servicios públicos en una administración pública más cercana y adaptada a la sociedad actual".
Por otra parte, en el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para el año 2024, se incluye como actuación inspectora "el análisis de situación y propuesta de normativa reguladora para el sistema de reclamaciones, sugerencias, quejas, agradecimientos y reconocimientos en la Junta de Andalucía, de la que se desprende igualmente la necesidad de aprobación de este proyecto de decreto", sostienen desde el Gobierno autonómico.
Así las cosas, como "objetivos" de este proyecto de decreto, la Junta señala los de "adaptar la normativa a las necesidades que la ciudadanía demanda a la Administración, así como cumplir con el objetivo de la Administración andaluza de prestar unos servicios públicos de calidad".