Proveedores de salud, educación y servicios sociales de Junta "cobran antes del plazo máximo"

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha resaltado que hasta la fecha no ha tenido que activar la garantía de pago que fija en 20 días naturales el plazo para abonar las facturas vinculadas a salud, educación y servicios sociales y, como consecuencia, los contratistas y proveedores de estos sectores, considerados "esenciales" en la comunidad autónoma, han cobrado incluso antes de que se active este plazo máximo.

Según ha recordado el Gobierno andaluz en una nota, con el fin de "proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar así como defender el mantenimiento y la generación de empleo en estos ámbitos", el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de marzo un decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de la Junta y sus entidades instrumentales. La norma reduce a 20 días, en lugar de los 30 previstos en la legislación vigente, el plazo para abonar facturas a los proveedores de la sanidad, educación y servicios sociales.

Sin embargo, la Junta ha destacado de que la agilización de los pagos por parte de la Tesorería de la Junta ha permitido que no se tenga que activar esta garantía ya que se están pagando las facturas en menos de 20 días, antes de que comience a computar el plazo legal. Concretamente, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en educación se abonan en una media de once días, mientras que los pagos de emergencias sanitarias no llegan a los 14 días, y las de servicios sociales y dependencia, se sitúan en una media de doce días.

La garantía de los 20 días se aplica en la asistencia sanitaria y los gastos vinculados al funcionamiento de los centros sanitarios, gastos de farmacia, conciertos de centros educativos, mantenimiento y conservación de instalaciones docentes, becas y ayudas al estudio, libros de texto gratuito, transporte y comedor escolar, atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, plan sobre drogodependencias, protección contra la violencia de género, entre otros.

También se fija un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales. Para garantizar los tiempos de pago comprometidos, el decreto establece procedimientos para evitar demoras en los pagos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de este plazo, que incluyen el cobro directo a través de una entidad de crédito.

De esta forma, la Junta resalta que Andalucía "vuelve a ser la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a sus proveedores", según se desprende de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes al mes de mayo. La Junta ha situado su periodo medio de pago 28,03 días por debajo de la media regional y está abonando sus facturas antes de que transcurran los 30 días desde que se recibe la factura, concretamente, 4,32 días antes.

Respecto al mes anterior, la comunidad autónoma ha reducido en doce días el plazo medio de pagos, siguiendo la tendencia iniciada en enero de 2016, fecha desde la que encadena 19 meses consecutivos de descensos en su periodo medio de pago, con una reducción acumulada de casi 43 días (42,86). Andalucía paga a sus proveedores casi 26 días antes que lo hace Madrid y 32 días antes que Cataluña. Respecto a la administración central, la Junta mantiene aún mayor distancia y abona sus facturas 42 días antes.

Este descenso tiene un importante reflejo en el sector sanitario, donde Andalucía paga a los proveedores 32,83 días antes que la media de las comunidades y 12,5 días antes de que comience a contar el periodo medio de pago, mientras que las demás abonan sus facturas 20,33 días después de que pasen los 30 días del periodo medio de pago.

Este comportamiento positivo "avala la gestión de las cuentas públicas que realiza la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ha impulsado diversas iniciativas dirigidas a agilizar y dotar de mayor transparencia los pagos".

Así, además del decreto de garantía de pagos dirigido a proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar, el departamento que dirige María Jesús Montero también ha aprobado este mismo año un decreto para que la organización y funcionamiento de la Tesorería General "sea más moderno, ágil y eficaz".

Directamente vinculado a estas normas y tras la correspondiente licitación pública, se han reducido a cinco las entidades financieras con las que la Junta ha contratado la gestión de todos los pagos que realiza la Tesorería, lo cual ha supuesto un beneficio de cinco millones de euros.