La Junta de Andalucía destina 87 millones al servicio del comedor escolar, un 27% más que en 2019

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional invierte más de 87 millones en el servicio de comedor escolar en este curso, un 27% más (18 millones) que en 2019, con el objetivo de "continuar garantizando la sostenibilidad y la calidad del sistema". Así lo ha afirmado la consejera María del Carmen Castillo en el Parlamento donde ha añadido que el Gobierno andaluz trabaja "con el firme compromiso" de que los usuarios de este servicio reciban una alimentación "completa, equilibrada y saludable".

En este sentido, Castillo ha explicado que cada menú está elaborado para cubrir todas las necesidades nutricionales y es supervisado tanto por el personal técnico del Plan Evacole, perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo, como por técnicos de la Agencia Pública de Educación (APAE), que también realizan auditorías, tal como ha recogido la Junta en una nota.

En los comedores escolares "se promueve" una alimentación basada en la dieta mediterránea con productos frescos, de calidad y ecológicos. De hecho, el pasado curso se sirvieron cuatro millones de kilos de productos ecológicos, de los cuales el 95% procedían de proveedores andaluces. También ha informado de que la gratuidad alcanza al 45% del alumnado usuario de este servicio, mientras que el 70% del total tiene algún tipo de bonificación.

Por otro lado, la consejera ha hecho referencia a que 528 colegios cuentan en este curso con cocinas in situ en las que se elaboran las comidas en el propio centro, después de que desde 2019 se hayan sumado 75. Asimismo, Castillo ha puesto en valor que las empresas que prestan el servicio de comedor en Andalucía dan empleo a unas 12.800 personas, contando sólo las que están en los centros (cocineros, auxiliares y monitores)

Es decir, sin incluir el personal de estructura o el que está en las cocinas centrales, y ha indicado que se han introducido cambios en los criterios de licitación de las empresas adjudicatarias con el fin reducir el peso de los criterios económicos, priorizando la calidad del servicio con más personal y mejores condiciones laborales para los monitores.