La Junta calcula que la prórroga de los PGE ha supuesto 40 millones menos para la dependencia en la provincia de Sevilla

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, ha señalado que el Gobierno andaluz está realizando un "cambio profundo y necesario" en el sistema de atención a la Dependencia después de 18 años de la entrada en vigor de la Ley, ya que "el sistema nunca ha funcionado y, además, ha quedado obsoleto, como así llevan advirtiendo los propios profesionales".

En una nota de prensa, Sánchez ha asegurado que la prórroga este año de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha supuesto 40 millones de euros menos para la dependencia en la provincia sevillana, "lo que ha agravado aún más la infrafinanciación que sufre Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Ambos han destacado el compromiso de la Junta por la dependencia, el cual se evidencia en el aumento de los fondos que destina año tras año la administración andaluza para sostener el mayor sistema de la dependencia del país. De hecho, este año la Junta ha aportado más de 1.200 millones de euros, lo que supone el 63% del total, frente a los 729 millones del Gobierno central.

"El Gobierno incumple la ley al no aportar el 50 por ciento de la financiación, tal y como marca la normativa, infrafinanciación que este año, además, se ha agravado por la prórroga de los PGE, lo que ha supuesto que Sevilla reciba 40 millones menos para dependencia del Gobierno central", ha incidido el delegado del Gobierno andaluz, quien ha recordado que la deuda del Ejecutivo con Andalucía en materia de dependencia "supera ya los 4.000 millones de euros desde 2019".

Frente a "la infrafinanciación del Gobierno", Cava ha destacado la apuesta del Ejecutivo de Moreno por mejorar el sistema de dependencia andaluz; "una mejora que no solo pasa por incrementar cada año la cuantía destinada a esta cartera, sino que se concreta también en el considerable aumento de prestaciones y beneficiarios".

Según ha explicado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, durante 2024, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha abonado a la provincia un total de 237,8 millones para la financiación de los servicios y préstamos en materia de dependencia.

BENEFICIARIOS Y PRESTACIONES EN LA PROVINCIA

La responsable de Inclusión Social en Sevilla ha dicho que, la apuesta la Junta por "modernizar y ampliar" el sistema de dependencia andaluz se ha traducido para la provincia en un incremento del 29% de personas atendidas, 13.100 personas beneficiadas más, y en un aumento del 44% en prestaciones desde 2018, 25.866 prestaciones más.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio del Gobierno de Moreno se ha reducido en un 47% la lista de espera de la dependencia en la provincia de Sevilla; lo que equivale a 10.551 personas. En la actualidad, la provincia cuenta con un total de 8.909 plazas para personas mayores y personas con discapacidad en residencias y centros de día, sujetas a financiación por parte de la citada Agenda de Servicios, distribuidas entre 288 centros asistenciales.

A estas plazas hay que sumar las de los centros propios de gestión directa, así como las plazas a través de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad amplió en 2023 la red de atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía con la creación de 1.970 nuevas plazas (399 plazas en la provincia) concertadas en residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad, que se suman a las plazas existentes.

Desde 2019 a 2023, se han incrementado en 4.553 nuevas plazas para atención de personas en situación de dependencia de Andalucía. De ellas, 820 plazas en la provincia de Sevilla. Servicio de Teleasistencia provincia El Servicio Andaluz de Teleasistencia ha atendido 1.120.584 llamadas desde la provincia de Sevilla desde enero hasta octubre de 2024. Esto supone una media de 4.090 llamadas al día.

Este servicio cuenta en la actualidad con 67.063 personas titulares de la provincia de Sevilla, de las cuales 27.241 son personas en situación de dependencia y el resto son personas mayores de 65 años y personas con discapacidad. El perfil de las personas usuarias del servicio de teleasistencia en la provincia es en su mayoría personas de avanzada edad, con una media de edad de 82 años, siendo el 79% de ellas mujeres y un 70% viven solas.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA

La delegada territorial ha querido destacar el importante proceso de modernización que se acomete desde la llegada de Moreno al frente de la Junta, como las medidas incluidas en el decreto de simplificación administrativa que entró en vigor el pasado mes de marzo, encaminado a implantar un modelo más ágil.

Entre los "cambios necesarios y estructurales" emprendidos en el sistema de dependencia destacan, además, la implantación de un nuevo procedimiento que permite, en una única visita domiciliaria recabar toda la información necesaria para elaborar el informe de valoración y resolución.

De esta manera, "se evitan molestias innecesarias al usuario y se acortan los tiempos", ha indicado la delegada, que ha recordado que los profesionales de la Administración están recibiendo formación sobre el nuevo procedimiento. Además, se están renovando las herramientas con las que cuentan los profesionales de la dependencia para hacer su trabajo. "Estamos en proceso de pasar de usar hasta cinco sistemas aplicativos informáticos, que encima no estaban interconectados, a un solo aplicativo informático para agilizar trámites", ha detallado Cava.

De esta forma, se libera a los profesionales de la dependencia de tareas administrativas con el fin de que puedan centrarse en las visitas a los usuarios y usuarias y en los informes de valoración. La delegada ha destacado también que el nuevo procedimiento que implanta la Junta de Andalucía está orientado a regular la colaboración de las entidades locales para garantizar las competencias que asumen en materia de dependencia.