Publicado 30/07/2019 12:20

Junta cubrirá la totalidad de la subida del coste plaza en plazas concertadas para personas mayores y con discapacidad

Manos de un anciano
Manos de un anciano - PIXABAY / SABINEVANERP - Archivo

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes la Resolución de 24 julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) --entidad dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación-- por la que se revisan los costes máximos de las plazas concertadas con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Para cubrir la totalidad de esta subida del coste plaza y que no repercuta en la persona usuaria del servicio, la Junta ha destinado 19,8 millones: 15,2 millones para los servicios de atención residencial y 4,6 millones para los centros de día.

Esta reivindicación venía realizándose tanto desde el sector de las personas mayores como del de personas con discapacidad con el objetivo de adaptar los precios al mercado. Con ello, se garantiza que los servicios de atención a las personas en situación de dependencia se prestan con niveles altos de calidad y se contribuye a asegurar la sostenibilidad del sector y la calidad del empleo que genera.

Con el acuerdo previo de todas las partes en la Comisión de Participación y habiendo sido ya informados el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y el Consejo Andaluz de Mayores, se ha aprobado un incremento porcentual de entre el 1,7% y el 6%, puesto que se trata de una subida no lineal dependiendo del tipo de plaza en cada caso.

La Resolución publicada hoy establece, igualmente, la aplicación de los costes con carácter retroactivo, con efectos desde el 1 de enero pasado, incorporándolos a los conciertos y contratos vigentes, sin que en ningún caso puedan verse afectadas las personas beneficiarias en este sentido. Asimismo, se empezarán a aplicar las nuevas tarifas en las liquidaciones del mes siguiente a la publicación en el BOJA.

En concreto, la atención a las personas dependientes contempla: la vivienda tutelada, la residencia de personas adultas, la casa hogar, la vivienda de apoyo al tratamiento, la residencia de gravemente afectadas, la atención residencial para mayores dependientes, psicogeriátricos y para personas con trastornos graves y continuados de conducta; y los centros de día para mayores dependientes, enfermedad mental, discapacidad intelectual, daño cerebral sobrevenido, terapia ocupacional, discapacidad física, parálisis cerebral, graves trastornos de conducta y trastorno del espectro autista.

Así por ejemplo, en centros residenciales, las plazas para personas gravemente afectadas por discapacidad intelectual tienen un coste de 85,23 euros/día; y 51,37 euros/día las plazas para personas mayores en situación de dependencia. Respecto a los centros de día, las plazas para personas mayores en situación de dependencia en régimen de media pensión alcanzan 22,27 euros/día y las plazas para personas con discapacidad intelectual, 781,51 euros/mes en los casos de 8 a 19 personas usuarias.

Además, esta iniciativa incluye la ya anunciada subida del coste plaza equivalente al IPC, 1,2%, una medida que se aplicará con carácter retroactivo iniciándose su aplicación desde el pasado 1 de enero de 2019. Desde 2013, no se había actualizado este concepto y tampoco se le había incorporado la subida anual del coste de la vida, lo que había llevado al sistema hacia la precarización del servicio.

A esta propuesta ya efectiva, se unirán otras próximamente como la unificación de criterios en las distintas normativas de aplicación en materia de acreditación y autorización de los centros; y el mantenimiento y mejora del nivel de ocupación de plazas concertadas.

En la actualidad, la Junta cuenta con más de 47.500 plazas residenciales entre las que se cuentan tanto las propias como las concertadas y vinculadas al servicio. El nuevo Ejecutivo andaluz ha considerado este un ámbito de actuación preferencial por impactar directamente en la vida diaria de las personas que se encuentran en las residencias así como en la de sus familias.

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