La Junta destaca que Andalucía cuenta con más de 700 plazas en centros de internamiento para menores infractores

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de que Andalucía cuenta con centros y recursos que facilitan la reeducación de menores infractores conforme a las competencias que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a punto de cumplir 25 años, otorgó a las comunidades autónomas, de forma que Andalucía cuenta con una red con más de 700 plazas en centros de internamiento para el cumplimiento de medidas privativas de libertad impuestas por los jueces, además de 34 servicios para la ejecución de medidas de medio abierto.

Todos esos centros son dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, en la que se relata que la Junta de Andalucía ha celebrado recientemente los 25 primeros años de la Ley del Menor con unas jornadas en las que se ha analizado los avances en estos años de la ley y los "retos afrontar", que van "desde la puesta en marcha del primer Observatorio de Justicia Juvenil de España; inaugurar un nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en Málaga; o la ciberdelincuencia".

Según agregan desde la Junta, estos recursos cuentan con profesionales especializados para la realización de los programas de intervención socioeducativa y terapéutica, "adaptados a los perfiles de los menores infractores y a la naturaleza sancionadora-educativa de las medidas", así como con infraestructuras "adecuadas para compatibilizar el cumplimiento de la sanción con la reeducación que la ley prima, frente al anterior modelo exclusivamente punitivo".

En concreto, en el ejercicio 2025, la red de centros de internamiento de menores infractores se ampliará a 14 con la adjudicación de un nuevo centro en Málaga, actualmente en licitación, con lo que Andalucía contará con centros en todas las provincias y un total de 751 plazas para internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto, de fin de semana o en unidades terapéuticas especializadas para menores con problemas de adicciones o salud mental.

Desde la Junta defienden que "en los últimos años se ha mejorado la atención a éstos en colaboración con la Consejería de Salud y Consumo", y este número de plazas de internamiento "garantiza la inmediatez en la ejecución de las medidas tanto cautelares como aquellas dictadas en resoluciones judiciales firmes".

Además, estos recursos especializados permiten "un trabajo individualizado conforme a la demanda judicial, los perfiles de los menores, la tipología de los delitos y el género, ya que existen centros y plazas específicas para chicos y para chicas".

Gracias a un convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en todas las provincias hay docentes asignados a los CIMI para "contribuir a que los jóvenes continúen o retomen sus estudios mientras cumplen las medidas".

Si el régimen impuesto por los jueces lo permite, éstos acuden a centros educativos públicos cercanos al CIMI, apuntan desde el Gobierno andaluz, desde donde aclaran además que la mayoría de las medidas impuestas por los jueces de Menores son de medio abierto.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dispone de 34 centros y servicios para la ejecución de este tipo de medidas. Cada provincia dispone de al menos dos grupos educativos de convivencia --en Málaga hay tres--, uno masculino y otro femenino. Estos recursos están especializados en la intervención con menores que han cometido delitos de violencia filioparental o de género.

Además, cada provincia cuenta con un Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) que, en el caso de Cádiz, tiene dos sedes, en Jerez y Algeciras. Los SIMA se encargan de "garantizar la ejecución y realizar el seguimiento e informes para los juzgados de otras medidas como la libertad vigilada, la asistencia a centro de día, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, permanencia en domicilio o tratamientos ambulatorios de salud mental y drogodependencia".

Para la realización de las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, el Gobierno andaluz tiene convenios con ayuntamientos y entidades sociales para que los menores realicen éstas colaborando en servicios municipales y ONG.

MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor también introdujo la mediación para la resolución extrajudicial de conflictos con menores mediante acuerdos de reparación a las víctimas en aras de una "Justicia restaurativa".

Para llevar a cabo estos procesos, la Junta de Andalucía cuenta con ocho servicios de mediación, uno en cada provincia. Entre las "mejoras implementadas en la Justicia Juvenil", la Consejería ha puesto en marcha recientemente la aplicación informática 'Prisma', que permite "contar con un único expediente totalmente digital para cada menor, accesible para los distintos operadores jurídicos que, además, se pueden comunicar telemáticamente".

Actualmente se está desarrollando esta aplicación para que "permita anonimizar los expedientes y extraer datos estadísticos que permitan realizar análisis e investigaciones sobre los cambios de perfiles, nuevos delitos y formas de intervención con los menores infractores con vistas a mejorar el sistema".

Sus datos, según abunda la Junta, servirán a la labor del Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil que se creará en enero, "el primero sobre la materia en el país".

"La diversidad de agentes intervinientes en el sistema de Justicia Juvenil obliga a la cooperación y colaboración con otras instituciones y administraciones con el fin de asegurar un servicio de calidad", defiende el Gobierno andaluz, que reivindica que la coordinación es continua con jueces y fiscales de menores, así como con el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz, las entidades que gestionan los centros y servicios y el resto de las consejerías, especialmente las de Salud, Desarrollo Educativo e Inclusión Social, que participarán en el futuro Observatorio.

También con las universidades andaluzas para "contribuir a formar a futuros profesionales con vocación e implicación para trabajar en la reeducación de los menores infractores".

La Consejería de Justicia tiene convenios con ellas para que estudiantes de Derecho, Psicología, Ciencias de la Educación o Trabajo Social realicen prácticas en los CIMI y otros recursos.