La Junta destinará 50 millones para la competitividad y eficiencia energética de polígonos y parques empresariales

La Junta inicia la tramitación del anteproyecto de ley para modernizar los espacios productivos, que confía en que esté aprobada "en un año"

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que nace con el propósito de "mejorar las zonas industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, poner en valor los espacios productivos existentes y aportar seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales andaluces".

La Junta confía en que esté aprobada en el plazo de "un año" pero mientras eso ocurre va a lanzar una orden de ayudas por valor de 50 millones de euros para impulsar la competitividad y la eficiencia energética en polígonos y parques empresariales. En la actualidad, Andalucía cuenta con más de 2.300 espacios productivos que albergan 40.000 empresas y 10.000 autónomos, lo que representa el 16% del tejido empresarial andaluz y concentran casi el 22% del total de los trabajadores, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ofrecidos por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Una de las medidas "clave" es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca "proteger los espacios de alto valor industrial y de alto impacto económico y social" para el territorio donde se ubican, y que por ello "se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales para acoger proyectos de calidad". Según recoge el texto del anteproyecto, serán susceptibles de ser declarados como tal aquellos en los que más del 70% de sus empresas son industriales o servindustriales; existe un alto grado de conexión entre las industrias; tienen un alto nivel de incidencia en el territorio; o son espacios que cuentan con una buena dotación de infraestructuras, entre otras características.

Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructuras y servicios en tres niveles: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden etiquetas en función de su especialización (innovador, innovador urbano, logístico, productivo, productivo urbano o productivo de alta capacidad) y de su grado de adecuación a la transición ecológica y digital (inteligente, sostenible o Eco-green). Con esta iniciativa, según la Junta, se pretende facilitar el establecimiento de hitos de mejora en las infraestructuras o los servicios de que disponen y destacar sus potencialidades.

La futura ley no se limitará a la mejora de los polígonos, sino que busca "llenarlos de industria", para lo cual introduce "instrumentos concretos". En este sentido, se incluyen los proyectos tractores de la industria, para los cuales se prevé un régimen administrativo preferencial; se pondrá a su disposición el sistema andaluz de captación de inversiones industriales; se dispondrá de una oferta pública permanente de suelo industrial y se reforzará la información que ya proporciona el IECA a través de un censo de espacios productivos.

Igualmente, el texto del anteproyecto recoge instrumentos para abordar el problema del acceso a la energía en los polígonos y que pretenden aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables y nuevas fuentes, como el hidrógeno verde. Por ello, se propone la elaboración de un "censo de calidad y potencia de energía eléctrica" en los polígonos, una plataforma para la solicitud de acceso a suministro eléctrico, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos y ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas.

La futura Ley, aunque impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, implica a las consejerías de Presidencia, Economía, Fomento, Sostenibilidad y Administración Local, así como a las de Agricultura, Igualdad, Innovación, Desarrollo Educativo, Empleo y Cultura, ya que persigue constituir un marco legal que ofrezca "una visión integral" de los espacios productivos como "generadores de oportunidades de desarrollo económico y social", y que además "sean capaces de atraer inversión industrial a Andalucía, contando con un entorno capaz de eliminar trabas, simplificar trámites y garantizar procesos ágiles", ha explicado la Junta en una nota de prensa.

Entre los objetivos, la Junta fija establecer un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y entre las administraciones autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como en materia de empleo aumentar la cantidad, calidad, seguridad, capacitación y la presencia de la mujer en los espacios productivos.

De igual modo, persigue regular medidas que faciliten el conocimiento y el acceso al suelo industrial y los suministros energéticos, y que incentiven la localización de industria con una alta capacidad tractora para generar un efecto arrastre sobre la industria auxiliar y el territorio, así como desarrollar el régimen jurídico de las entidades de gestión y modernización. Así, el diagnóstico del que se parte es una situación de "obsolescencia" y de "falta de instrumentos regulatorios, financieros y de gestión para abordar el mantenimiento, regeneración y modernización de los polígonos industriales" que se pretende abordar de forma "ordenada y sistemática" en el anteproyecto de ley.

Disponer de un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial, que genere un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial, es "uno de los principales elementos de la política de impulso a la industria que desarrolla el Gobierno andaluz, que busca la diferenciación de Andalucía como región industrial". En diciembre de 2022, la Junta firmó un protocolo de colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para fomentar el crecimiento de la base industrial y empresarial a través de la mejora de sus espacios productivos.

En marzo de 2023, la futura ley de espacios productivos se incluyó entre las medidas acordadas en el marco del diálogo social y un mes después, en abril de 2023, la Consejería de Industria realizó una consulta pública que evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios.

En ella se puso de manifiesto la necesidad de contar con una regulación que contemple la situación y necesidades de los espacios productivos y que permitió identificar los asuntos que debía abordar la futura norma regional. Entre otras cuestiones, se señalaba la mejora de las comunicaciones y de acceso a servicios esenciales, la modernización de los espacios existentes, la adaptación de espacios que se han quedado sin actividad, la necesidad de potenciar mecanismos e instrumentos de colaboración público-privada, mayor coordinación e impulso especializado en los espacios productivos o la agilización de trámites.