Actualizado 15/10/2024 16:53

Luz verde a la futura Ley Andalucía Digital, que prevé un ciberescudo para proteger a menores de apuestas y pornografía

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha comenzado este martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley Andalucía Digital (LADI), iniciativa legal que aspira a "salvaguardar los valores fundamentales", así como a crear "un entorno digital saludable", aspiración que concreta en el diseño de "un ciberescudo andaluz de protección", orientado a los menores de edad y grupos de riesgo.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha dado cuenta de esta iniciativa en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno.

Ese ciberescudo será para detectar y analizar riesgos y amenazas, así como evaluará todos los aspectos que "puedan afectar a su seguridad, su salud, su desarrollo y su intimidad".

Este filtro, que será una aplicación gratuita para los padres, será una garantía para evitar que los menores puedan acceder a contenidos para los que se requiere la mayoría de edad, caso de las apuestas de juego, la violencia, o la pornografía, entre otros aspectos, según una nota del Gobierno andaluz.

La Junta de Andalucía ha explicado que este escudo, que se desplegará de forma progresiva, busca contribuir "al desarrollo sano y equilibrado de las nuevas generaciones", además de facilitar a los padres y madres "herramientas, concienciación o consejos para la protección de los menores".

Además de la app que se instalará en el dispositivo del menor, se habilitará una plataforma que recopilará un conjunto de buenas prácticas para los menores y un espacio de ciberescuela de padres. De esta manera, los menores no podrán acceder a contenidos inapropiados, tendrán bloqueadas apps peligrosas, se podrá establecer descansos y límites de tiempo.

De esta manera, los menores no podrán acceder a contenidos inapropiados, tendrán bloqueadas apps peligrosas, se podrá establecer descansos y límites de tiempo, añadir recordatorios y alarmas o estadísticas de uso.

El anteproyecto de ley busca garantizar la seguridad en los hogares, como también lo hace en administraciones y empresas apostando por la ciberseguridad y la importancia del dato.

Además de esa labor de protección, el Gobierno andaluz ha blandido la aspiración de "potenciar la digitalización y prevenir los riesgos inherentes a la digitalización" a través de medidas que los eviten o minimicen y el pleno respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía.

El anteproyecto de Ley pone las bases para luchar contra la brecha digital y que "la revolución digital llegue a todos los andaluces y a todos los sectores".

En sus principios generales se incluyen, entre otros, la capacitación, la orientación al dato, la personalización, la proactividad, la libertad digital, impulsando el derecho al acceso universal a la tecnología y a la información.

La futura ley facilitará la relación digital con la ciudadanía, garantizando y ampliando sus derechos y estableciendo que el deber de las personas físicas a relacionarse electrónicamente podrá establecerse por la administración de la Junta de Andalucía siempre que se asegure la atención personalizada a quienes precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación.

RED DE ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DIGITALES

Para ello, serán claves la red de asistencia y el servicio de asistencia remota. La LADI recogerá la creación de una Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales.

Andalucía se convierte con esto en la primera administración de España en tener una red de asistencia para que nadie se quede atrás en el objetivo de ser 100% digital en 2030.

La Junta de Andalucía prevé establecer instrumentos de colaboración con instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales para que puedan realizar trámites digitales y otras transacciones electrónicas en representación de los interesados que, por falta de medios o conocimientos, no los puedan realizar.

Consagrará un nuevo derecho a la asistencia remota para la realización de trámites digitales para las personas físicas no obligadas a la relación electrónica a través de una videollamada por el teléfono 012 y un canal de información de carácter general gratuito a través de mensajería instantánea.

La LADI también regulará las relaciones digitales del sector público con la ciudadanía, garantizando que las personas faciliten la misma información sólo una vez gracias a mecanismos de reutilización interna de datos y documentos.

Esta ley impulsará aún más la aplicación Carpeta Ciudadana para web y móviles de la Junta de Andalucía, promoviendo la prestación de servicios proactivos personalizados, de manera que la administración andaluza pueda anticiparse a las necesidades de la ciudadanía ofreciéndole prestaciones ajustadas a sus circunstancias.

La Ley impulsará también el emprendimiento y la ayuda a nómadas digitales; la implantación de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y la nube; la ciberseguridad; y se apuesta por la cooperación con otras administraciones, creando en Málaga la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía y en Granada el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, que arrancará en el segundo semestre de 2025 y estará situado en el PTS, el Parque Tecnológico de la Salud.

PACTO ANDALUCÍA DIGITAL Y CONSEJO ANDALUCÍA DIGITAL

La futura norma recoge también el Pacto Andalucía Digital que impulsará la Junta de Andalucía para fomentar y generar confianza en el uso de las tecnologías y la implementación de los principios que rigen esta norma en las empresas, entidades e instituciones. Para ello, se publicarán una serie de indicadores digitales e identificará a las empresas que cumplan los requisitos mediante un sello de adhesión.

También se crea el Consejo Andalucía Digital como órgano de participación colegiado, consultivo y de asesoramiento de las administraciones públicas de Andalucía en digitalización.

En cuanto a capacitación y educación digital, la Ley consagrará las pretensiones del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025, incorporando como novedad que a través de Andalucía Vuela la ciudadanía andaluza podrá obtener una certificación gratuita de competencias digitales.

La Ley reconocerá al dato como activo digital e implanta un espacio de datos andaluz que permita a las entidades participantes estructurar sus datos de manera homogénea y así favorecer la reutilización y compartición entre ellas, articulándose un Convenio Marco sobre Gobernanza del Dato.

Busca impulsar la robotización, la automatización, el tratamiento inteligente de documentos y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la Junta de Andalucía. Respecto a las infraestructuras digitales, conectividad e impulso de las tecnologías en nube la LADI recogerá la implantación de centros de proceso de datos e infraestructuras y puntos de interconexión, así como para la computación en nube.

NUBE CORPORATIVA DE LA JUNTA

Prevé crear la Nube Corporativa de la Junta de Andalucía, que dará servicio al sector público y a la cual podrán adherirse entidades locales y universidades. Regulará la gestión de la infraestructura digital existente en Andalucía formulando un Plan de Infraestructuras Digitales, haciendo hincapié en el aprovechamiento del uso compartido, así como de la ejecución de obras civiles para soportar estas infraestructuras.

Se creará un inventario de infraestructuras públicas para la conectividad de Andalucía, incluyendo las entidades locales, al que se dará acceso a través de un punto de información, y se creará una sede electrónica en materia de infraestructuras digitales y para la conectividad, compartida con las demás administraciones. La futura ley ayudará a paliar las carencias en la normativa actual y los obstáculos administrativos que ralentizan proyectos de startups y emprendedores digitales.

 

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