La Junta empieza a tramitar la futura Ley de Gestión Ambiental, que buscar acelerar las autorizaciones administrativas

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se inicia la tramitación del anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), que pretende dar respuesta a las necesidades actuales y futuras en materia de protección medioambiental, adaptándose a la legislación nacional y europea aprobada desde la promulgación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en 2007.

La futura Ley de Gestión Ambiental introducirá importantes innovaciones, entre ellas, la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental y reduce el plazo de resolución a tres meses.

Esta medida, junto con la disminución de las categorías que requieren licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, busca reducir la carga administrativa tanto para los ayuntamientos como para las empresas, según una nota del Gobierno andaluz.

La ley revisará los plazos para la obtención de autorizaciones ambientales, reduciendo el tiempo de tramitación de ocho a seis meses, y fortalecerá la protección frente a la contaminación ambiental en sus formas: atmosférica, acústica, lumínica y del suelo.

Este proyecto normativo se enmarca en el Pacto de Diálogo Social, firmado por el presidente de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y la organización empresarial CEA.

La pretensión del Gobierno andaluz es "modernizar, simplificar y garantizar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura".

El anteproyecto aborda objetivos como la actualización y armonización de la normativa andaluza con la legislación nacional y europea, la agilización de los trámites administrativos y la revisión y mejora de los instrumentos de prevención y control ambiental.

Incorpora criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y la prevención de impactos ambientales con mecanismos efectivos de corrección y compensación, además de la garantía de acceso a la información ambiental y la promoción de la participación pública en los procesos de evaluación y toma de decisiones.

Entre sus novedades se encuentra la creación de un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental; y la separación del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de prevención, publicándolos de forma independiente y sin posibilidad de recurso, lo que simplifica y clarifica los procesos.

Un aspecto relevante de la Ley de Gestión Ambiental será el fomento de la ecoinnovación y la promoción de tecnologías más sostenibles en actividades económicas e industriales.

INSTRUMENTOS FISCALES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

La ley también incluirá instrumentos fiscales e incentivos económicos para impulsar la economía verde, reflejando el compromiso de la Junta de Andalucía con un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

La futura norma reforzará el acceso a la información pública y promoverá la educación y sensibilización ambiental como ejes de una sostenibilidad compartida. La creación del futuro Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que reemplazará al actual CAMA, promoverá un diálogo entre la administración, los agentes económicos y sociales y la sociedad civil.

La puesta en marcha de una Estrategia Marco de Medio Ambiente y la planificación de inspecciones ambientales plurianuales reforzarán la vigilancia y control ambiental en todo el territorio.

El Gobierno andaluz invita a la ciudadanía y a los actores sociales y económicos a participar activamente en el proceso de tramitación, aportando sus ideas y sugerencias para hacer de esta ley un reflejo de las aspiraciones de toda Andalucía.

La Junta de Andalucía asegura que con esta norma "busca posicionar a Andalucía como un referente europeo en gestión ambiental" mediante este nuevo marco legal, para "afrontar los desafíos de sostenibilidad con una normativa que equilibre la protección medioambiental y el desarrollo económico y social".

En cuanto a su estructura, se organiza en nueve títulos, con 194 artículos junto con disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogatorias. Los títulos incluyen desde los principios generales hasta aspectos específicos como la evaluación ambiental, las autorizaciones, instrumentos voluntarios para la mejora ambiental, y el régimen sancionador.