SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía financia la convocatoria que en estos días están poniendo en marcha las universidades públicas andaluzas para la contratación de 1.300 técnicos y técnicas de apoyo a la investigación.
Con esta iniciativa se movilizarán casi 37 millones de euros de los 61 que la Consejería contempla en su presupuesto de 2017 en la financiación básica de las universidades para la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo a la I+D+i, con cargo al Fondo Social Europeo, según ha precisado en una nota el departamento que encabeza Antonio Ramírez de Arellano.
Esta primera actuación, enmarcada en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (Objetivo Temático 08), se dirige a personas jóvenes --mayores de 16 y menores de 30 años--, titulados universitarios o en Formación Profesional, a los que se contratará como personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D, reforzando el trabajo de los institutos, grupos, equipos, centros propios y mixtos, instalaciones y unidades científicas de apoyo, servicios generales y servicios de gestión de investigación en las universidades andaluzas.
Para ello, Economía y Conocimiento ha transferido a las instituciones universitarias un montante de 36,9 millones de euros en esta primera fase, siendo éstas las beneficiarias directas del programa, y quienes convocan sus propios procedimientos competitivos de selección, en función de las cantidades y plazas consignadas a cada una de ellas.
El reparto de este paquete económico por universidad, habiendo atendido en su totalidad a la demanda de necesidades de cada una, queda con 8,4 millones para la Universidad de Sevilla; 7,7 para Granada; 4,7 para Cádiz; 3,7 para Jaén; 3,6 para Almería, tres millones para Málaga; 2,9 para Córdoba; 2,3 millones para la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; y 360.000 euros para Huelva. Las convocatorias que las universidades públicas andaluzas ponen en marcha contarán con un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación.
Las personas destinatarias de estas acciones deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, deben estar en posesión de una titulación universitaria o de una titulación en el marco del sistema de la formación profesional, según las características de las plazas ofertadas en la correspondiente convocatoria.
El criterio de selección a utilizar será la nota media del expediente académico. Los contratos se formalizarán en la modalidad de contrato en prácticas y tendrán una duración mínima de seis meses, prorrogables por otros seis.
Con la puesta en marcha de la primera fase de esta iniciativa se persigue impulsar trayectorias profesionales de apoyo a la actividad investigadora en cualquiera de los ámbitos de conocimiento, de forma que el personal beneficiario de estos contratos adquiera nuevas habilidades y mejora su capacitación y competitividad para oportunidades futuras en el mercado laboral. La segunda fase, a través de la cual se incorporarán a jóvenes investigadores al sistema científico, se pondrá en marcha en otoño de 2017.
Este programa se enmarca dentro del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) Horizonte 2020, un plan estratégico para fortalecer el sistema científico andaluz, que va a movilizar en 2017 casi 340 millones de euros a través de una serie de mecanismos de apoyo a la I+D+i.
El pasado mes de febrero, el Consejo Andaluz de Universidades ratificaba el acuerdo para el reparto de diez millones de euros, destinados a fortalecer a los grupos de investigación y consignados en el presupuesto de 2017. Esta medida suponía la puesta en marcha del Paidi 2020, que continúa ahora con este programa para la contratación de técnicos de apoyo a la I+D.
El Paidi activa, así, sus primeras líneas de actuación, y lo hace reforzando las bases del sistema: incorporando a jóvenes talentos y apoyando la actividad de los grupos, unidad básica en ciencia.
Igualmente, la Consejería de Economía y Conocimiento está ultimando una orden de bases específica que contemplará incentivos de carácter competitivo para todo el sistema de conocimiento de la comunidad autónom, que incluye además de a las universidades a los centros públicos de investigación, parques y centros tecnológicos, centros de impulso de la transferencia del conocimiento o instituciones de divulgación.