SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes un acuerdo para iniciar los trámites necesarios que permitan "impulsar el uso de la colaboración público-privada como método complementario para acometer obras en materias de infraestructuras en Andalucía".
De esta manera, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio retomará esa alternativa de financiación y gestión de infraestructuras y servicios públicos, que permitirá asumir los altos costes de las actuaciones e incrementará el ritmo inversor, según defiende la Junta.
En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha indicado que el nuevo gabinete de PP-A y Cs ha podido comprobar en las semanas que lleva constituido el "divorcio" o la "falta de colaboración" existente actualmente en el ámbito autonómico andaluz entre lo público y lo privado.
Bendodo ha advertido de que en Andalucía hay "infinidad de proyectos pendientes que debemos abordar juntos, de la mano de los empresarios, emprendedores y empresas que desean invertir" en la comunidad autónoma, y ha querido dejar claro que el nuevo Gobierno "va a poner una autopista a las empresas para la inversión en Andalucía", frente a las "trabas burocráticas" del anterior Ejecutivo socialista.
En esa línea, ha sostenido que aquel empresario que "quiera invertir en Andalucía debe encontrar las puertas abiertas y las facilidades" y, con ese objetivo, "vamos a impulsar la colaboración público-privada como método complementario para financiar la contratación de infraestructuras", y desde la Consejería de Fomento "se tiende la mano a las empresas que deseen involucrarse en estas iniciativas".
Bendodo ha aclarado que este martes se ha dado "el primer paso", el de "abrir la puerta a la colaboración público-privada en las infraestructuras públicas", y, "a partir de aquí", la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "dará cuenta" próximamente "de cuáles son esas infraestructuras susceptibles de tener esa financiación".
"SALIDA VIABLE"
De esta manera, la Junta mantiene que, aunque se trata de inversiones de "evidente carácter público", la iniciativa público-privada se contempla como "una salida viable ante las fuertes restricciones al déficit y el endeudamiento público recogidas en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria y la reducción de los fondos de la UE, así como para responder a la demanda de los ciudadanos de más infraestructuras".
La Junta asume que "ya recurrió en el pasado a este sistema para afrontar varios proyectos de construcción de infraestructuras", pero la ejecución de algunos de ellos "fue suspendida o no se llegó a culminar por circunstancias económicas o por decisión política".
En ese sentido, Bendodo ha afirmado que, a diferencia del Ejecutivo socialista, el Gobierno de PP-A y Cs "lo va a hacer bien" y va a "intentar incentivar que esa colaboración público-privada sea una realidad en Andalucía, y no un simple gesto de cara a la galería", y ello desde la premisa de que "no tenemos ningún complejo en abrir las puertas a que las empresas puedan invertir en Andalucía, en infraestructuras y otras cuestiones".
De esta manera, el Consejo de Gobierno retoma esta fórmula al entender que la participación de empresas privadas no sólo encuentra ventajas de índole financiera para el sector público, sino que activa el tejido empresarial, permitiendo mayores niveles de emprendimiento, ya que genera un modelo en el que las dos partes, sector público y privado, actúan como socios.
ANÁLISIS PREVIO SOBRE LA IDONEIDAD DEL MODELO EN CADA PROYECTO
Esta fórmula, que se aplica en otras comunidades autónomas y países del entorno español, deberá acreditar, con carácter previo, su beneficio para el interés público, por lo que se realizará un análisis previo que determine la idoneidad del modelo en cada proyecto, según detalla la Junta.
Antes de su puesta en marcha será necesario, entre otros requisitos, un estudio que analice la viabilidad y sostenibilidad financiera en el tiempo del proyecto; un análisis de coste-beneficio no sólo financiero, sino también de rentabilidad social y una identificación previa de los principales riesgos de esta colaboración. Además, se creará un equipo técnico, independiente del adjudicatario de cada proyecto, que supervise todas las fases de vinculación con la empresa privada, desde la ejecución hasta la explotación.
Además, tal y como es preceptivo, el artículo 25 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2013, y en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto autonómico de 2017, dispone que "los proyectos de inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada por cualquier entidad del sector público andaluz, con anterioridad a la licitación del contrato, deberán informarse preceptivamente y con carácter vinculante por la Consejería competente en materia de Hacienda, en los términos que se establezcan reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno".
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