Introducidas "mejoras" en la futura Ley de defensa de consumidores

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz ha dado luz verde este viernes a la introducción de una serie de "mejoras" en la futura Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de vivienda, que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero, pero no llegó a tramitarse.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha explicado que la nueva redacción mantiene el contenido inicial y añade una serie de medidas de refuerzo dirigidas a facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios, con la creación de un tribunal específico de arbitraje, y a diseñar un sistema integral de información y asesoramiento a las personas afectadas.

Como se recordará, esta ley fue remitida al Parlamento por la antigua Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en manos de Diego Valderas (IULV-CA). Jiménez Barrios ha agradecido el trabajo que realizó el exconsejero con esta norma y ha explicado que el nuevo texto tendrá que ser ahora remitido al Consejo Consultivo para que emita su dictamen.

El texto presentado este viernes prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. A través de este instrumento, las entidades que otorguen préstamos para adquisición de vivienda deberán incluir en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbritral de Consumo de Andalucía. Por su parte, los consumidores podrán tener información sobre las empresas prestamistas registradas en el mismo.

Se impulsará así la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.

En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de los consumidores, el nuevo texto incorpora también la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios. De este instrumento podrán hacer uso todas aquellas personas afectadas por procedimientos de este tipo relativos a vivienda habitual y permanente, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los supuestos de impago de las rentas de alquiler.

El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.

ACABAR CON LOS ABUSOS EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Independientemente de estas novedades, el nuevo anteproyecto mantiene el contenido del texto que ya fue remitido al Parlamento de Andalucía el pasado mes de enero. Sus principales objetivos se dirigen a acabar con los abusos en estas operaciones financieras relacionadas con las hipotecas y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

El texto establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia. Impone nuevos deberes a las empresas prestamistas y garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias. Asimismo, incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece la elaboración del 'Contrato Hipotecario de Confianza' con la garantía de la Junta y de las asociaciones de consumidores.

En el primero de estos ámbitos, se amplía la información previa al contrato y la personalizada. Para hacer efectiva la medida, la norma andaluza creará dos nuevos documentos adicionales a los exigidos por la normativa estatal: el de Información Precontractual Complementaria y el de Información Personalizada Complementaria, que, entre otros contenidos, recogerá una tabla de oscilaciones de los tipos de interés.

Respecto a la publicidad y comunicaciones comerciales, se establece la obligación de facilitar información básica en el caso de que se indique un tipo de interés. Asimismo, las entidades deberán advertir de la existencia de cláusulas suelo y techo, del posible riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos, de si la garantía alcanza al resto de bienes del consumidor y de si las condiciones ofertadas están vinculadas a la contratación de servicios adicionales.

Las medidas para aumentar la transparencia en la información se completan con la creación del Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, en el que se relacionará toda la documentación que las empresas prestamistas deben poner a disposición del consumidor hasta que suscriba el crédito, así como la efectivamente entregada.

Igualmente novedoso es el reconocimiento de la persona avalista como sujeto protegido, lo que supone que tendrá acceso a la misma información que quien suscribe el préstamo, además de recibir notificación de cualquier cambio que se produzca una vez cerrada la operación.

En relación tanto al avalista como al consumidor, la norma también fija la obligación de realizar una evaluación de la solvencia e informarles gratuitamente de su resultado por escrito y en un plazo de cinco días hábiles.

Otra previsión destacada es la creación, por parte de la consejería competente en el área de consumo, del 'Contrato Hipotecario de Confianza', documento que se elaborará con la participación voluntaria de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, empresariales y sociales más representativas del sector, así como del Colegio Notarial de Andalucía.

Por último, el proyecto modifica y endurece el actual régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.