La Junta perfila el proyecto de decreto que desarrolla la ley que reconoce la autoridad del profesorado en Andalucía

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha sometido al trámite de información pública el proyecto de decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que persigue "reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma" andaluza.

Así se recoge en una resolución, con fecha del pasado 18 de diciembre de 2024, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, consultada por Europa Press, por la que se somete al trámite de información pública dicho proyecto de decreto.

El objeto de esta iniciativa es "reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, y fomentar su consideración y respeto, así como regular un sistema de cobertura que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones y competencias".

El director general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos del Gobierno andaluz, Carlos Muñoz, expone en dicha resolución que, "dado que la aprobación de este proyecto normativo, por su contenido, puede afectar a los derechos e intereses de la comunidad educativa en su conjunto --profesorado, alumnado, equipo directivo y familias, principalmente--", se ha considerado "necesario realizar el trámite de información pública".

Dicho trámite se llevará a cabo en un plazo de 15 días hábiles que vence el próximo 20 de enero de 2025, tiempo durante el cual el proyecto de decreto permanece expuesto "para general conocimiento" en formato digital en la dirección web 'https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todo...', y con la finalidad de que "se formulen cuantas alegaciones se estimen oportunas", dirigidas a dicha Dirección General.

BORRADOR DEL DECRETO

El borrador del proyecto de decreto, consultado por Europa Press, parte de la premisa de que "disponer de un profesorado que cuente con el mayor prestigio social posible, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que asegure el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad".

Desde la Junta defienden que este decreto es "una norma necesaria para la implantación de medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y la autoridad del profesorado a fin de que pueda desarrollar su labor con las máximas garantías conforme a lo previsto en la citada Ley 3/2021, de 26 de julio".

De igual modo, sostienen desde el Gobierno andaluz que dicho decreto "contiene la regulación imprescindible para hacer efectivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos", así como "establece un marco normativo estable, predecible, integrado y claro".

En la tramitación de este decreto "han intervenido el Consejo Escolar de Andalucía mediante la emisión del preceptivo dictamen y ha sido tratado en Mesa Sectorial de Educación".

El decreto sometido a información pública se estructura en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

PROTECCIÓN "JURÍDICA Y PSICOLÓGICA" PARA EL PROFESORADO

En el capítulo I se recogen las disposiciones generales en relación al objeto, el ámbito de aplicación y finalidad de la norma, así como los derechos del profesorado, mientras que en el capítulo II se establecen "tanto la condición de autoridad pública del profesorado como la presunción de veracidad derivada de la misma, con el correspondiente deber de colaboración y de respeto al profesorado". Asimismo, se regulan "los procedimientos para solicitar la protección jurídica y psicológica del profesorado de acuerdo con los derechos del mismo por su condición de autoridad pública".

En el capítulo III se recogen las medidas de "reconocimiento y apoyo al profesorado", entre las que se encuentra la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado, como una herramienta para llevar a cabo "gestiones relacionadas con la protección y el apoyo al profesorado".

De acuerdo al borrador del proyecto, este decreto será "de aplicación en los centros docentes no universitarios que impartan alguna de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 3/2021, de 26 de julio, con las excepciones señaladas en el mismo".

De igual modo, el texto precisa que "el ámbito escolar al que afecta este decreto se entenderá, no sólo referido al propio centro, sino también a las actividades desarrolladas fuera del mismo por el profesorado y que estén directamente relacionadas con las actividades lectivas, complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente y afecten a algún miembro de la comunidad educativa, así como a las que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios complementarios que se presten en el centro".

El borrador contempla también que queden "comprendidos en el ámbito" de dicho decreto, "cualquiera que fuera el momento y el lugar en que se produjeren, los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado, con inclusión del ciberacoso y actos de naturaleza similar, siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente".

DERECHOS DEL PROFESORADO

La Junta prevé que, "en el ejercicio de sus funciones", al profesorado se le reconozca, entre otros derechos, el del "respeto, reconocimiento y apoyo" a su "autoridad" por parte "del alumnado, de sus representantes legales y del resto del profesorado", así como el de "adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar".

Otros derechos que se le reconocen al profesorado en este proyecto de derecho son los de "colaboración de los representantes legales para el cumplimiento, por parte de sus hijos e hijas, de las normas de convivencia"; así como "a la protección jurídica y al apoyo psicológico gratuitos en el ejercicio de sus funciones docentes", y al "apoyo por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña".

En esa línea, el proyecto de decreto contempla que, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/2021, de 26 de julio, la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al personal docente que preste sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos", como "servicio para ayudar a superar la repercusión sobre el personal docente de agresiones o situaciones de conflicto que menoscaben la autoridad del profesorado, en el ejercicio de sus funciones, con objeto de reducir el efecto de los mismos en su salud y rendimiento laboral".

"La asistencia psicológica solicitada por la persona interesada se articulará mediante la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación", precisa el proyecto de decreto.