La Junta recurre en la vía judicial el acuerdo salarial del Ministerio de Justicia que excluye a funcionarios andaluces

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha informado en Mesa Sectorial que ha presentado un recurso por la vía contenciosa-administrativa solicitando la nulidad del acuerdo salarial firmado el pasado 11 de abril de 2024 entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF y UGT que excluye a los funcionarios de los órganos judiciales andaluces.

Dicho acuerdo, publicado en el BOE del 29 de abril, establece una subida de las retribuciones solo a los profesionales de las comunidades autónomas sin las transferencias de Justicia transferidas, el denominado territorio Ministerio, dejando fuera al resto pese a que el motivo de dicho incremento salarial se deba a la Ley de Eficiencia Organizativa en la que trabaja el Congreso y que va a suponer cambios en la estructura actual de la Administración de Justicia española, señala el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Así, se les ha transmitido a los sindicatos que componen la Mesa Sectorial, que se ha reunido este viernes, atendiendo la petición de estos y en el marco de diálogo social y permanente que se mantiene con los mismos, y en la que se han abordado éste y diversos asuntos.

Desde la Consejería se ha destacado el respeto hacia el trabajo diario que realizan los funcionarios de Justicia en nuestra tierra y a sus reivindicaciones, pero se ha incidido que con esta reclamación se están defendiendo los intereses de los andaluces en general y de los funcionarios en particular "ya que la subida salarial se abona con los impuestos que pagan también todos los andaluces, pero de ella solo se benefician los funcionarios de otros territorios".

Todo ello, además, cuando Andalucía es una comunidad "infrafinanciada" por parte del Gobierno "ya que cada año, desde 2009, recibe 1.500 millones de euros menos de lo que le corresponde", añade el comunicado. El acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT solo afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, "la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales, por lo que se ve especialmente perjudicada".

Los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados "afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que la Consejería de Justicia sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto --común a todos-- y no en el complemento específico --que negocia cada comunidad para su personal y el Gobierno central en el territorio Ministerio--".

"Más aún, cuando el complemento general no se ha visto incrementado desde el año 2007, mientras que el específico tuvo una subida en 2018 que se completó en el año 2020. De hecho, pese al incremento en otros territorios, Andalucía sigue estando en la media de los territorios en cuanto a retribuciones, precisamente gracias a la última subida ejecutada desde el Gobierno andaluz".

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Asimismo, también se ha puesto en valor el importante esfuerzo que se está haciendo desde la Consejería para poner en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30, que va a suponer una inversión de 1.500 millones de euros en la construcción y rehabilitación de las sedes judiciales, lo cual repercute también en la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios.

De igual modo, se está desarrollando la primera Estrategia de Justicia en Andalucía que va a suponer igualmente importantes avances en cuanto a digitalización, accesibilidad y sostenibilidad de los edificios, y una apuesta por la humanización de este servicio público.

En la reunión se han recibido también las propuestas de los sindicatos y se ha acordado la puesta en marcha de diversas medidas incluidas en el Plan de Igualdad --como el abono de las guardias durante los permisos de maternidad y paternidad o por incapacidad laboral por embarazo de riesgo--, el manual de permisos o el grupo de trabajo para analizar la consolidación de puestos actualmente ocupados por interinos como estructurales.