La Junta refuerza la colaboración con la FAMP para mejorar y agilizar el reconocimiento de la situación de dependencia

Sánchez Rubio y Rodríguez Villalobos firman un convenio en el marco del plan andaluz para "mitigar" efectos de los recortes de Ejecutivo central

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha suscrito en Sevilla un convenio con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, que permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Esta es una "muestra más" de la apuesta del Gobierno andaluz por el municipalismo, además de poner en valor la gestión de los ayuntamientos en la mejora de la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.

Tras la firma, ha indicado que el acuerdo se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Gobierno para "mitigar" los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017.

La consejera ha insistido en que, con estas medidas, se pretende "contrarrestar los recortes del Ejecutivo central en los últimos años, que se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012 y tras la aprobación de los presupuestos de 2017 por parte del Consejo de Ministros, a los que se suman otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada". "Unas cantidades que de haberse abonado nos habrían permitido atender a 105.000 personas más", ha subrayado.

Sánchez Rubio ha señalado también que, con este acuerdo, se refuerza la colaboración entre la Junta y la FAMP y se pone de relieve "el papel fundamental que juegan las diputaciones y los ayuntamientos" en la atención a las personas en situación de dependencia. "Los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios", ha recordado.

Sánchez Rubio ha subrayado también que este acuerdo supone "un importante avance" para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168) como por las Corporaciones Locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia.

Además, la consejera ha destacado que el convenio "permite el establecimiento de cláusulas mínimas comunes en los procedimientos de adjudicación de contratos para la gestión de servicios del catálogo de prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Andalucía, fundamentalmente en lo que respecta a la inclusión de cláusulas sociales en el ámbito de la contratación".

Por su parte, el presidente de la FAMP ha señalado que con este tipo de acuerdo "lo que se muestra a la sociedad es que hay un punto de encuentro entre el municipalismo y la Junta de Andalucía", porque "esa sensibilidad es lo que diferencia unas fuerzas políticas de otras". "Casi en todo nos parecemos, pero en la aplicación de los servicios sociales sí se nos ve el plumero", añade.

En este sentido, Rodríguez Villalobos asegura que las diputaciones "tienen la responsabilidad de proteger a los pequeños municipios --en Andalucía hay 325 municipios menores de 20.000 habitantes-- para que no se produzca ninguna brecha y haya cohesión territorial en la aplicación de los servicios sociales".

"No puede haber municipios de primera y segunda división", subraya, y ha dicho "no entender cómo un Gobierno que dirige las políticas a nivel nacional le pone zancadillas a la comunidades autónomas y no es corresponsable de lo que ser firmó en su día de que cada parte tiene que asumir su cuota presupuestaria para poder aplicar la ley de dependencia", un extremo en el que el Gobierno central "está fallando".

PLAN PARA REFORZAR LA DEPENDENCIA

El plan aprobado por el Consejo de Gobierno para "mitigar" los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia se estructura en tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.

El documento amplía y define nuevos supuestos de acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. De este modo, se incorporan a los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.

Igualmente, el plan reforzará las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.

Entre otras acciones, destaca también el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal para las personas con dependencia moderada, en lugar de complementaria como era hasta ahora. Este servicio permite detectar situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.

Por último, ha ratificado una vez más el compromiso con la Ley de Dependencia como avala el presupuesto de la Junta para este año, que contempla una partida presupuestaría de 1.181 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura, ha asegurado la consejera.