La Junta regula la comisión delegada que persigue "fomentar" entre los andaluces "la adopción de la Agenda 2030"

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó en su reunión del pasado lunes el Decreto 126/2023, de 12 de junio, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno y se regula su composición y funciones, incluyendo entre ellas una dedicada a la Agenda 2030, que persigue entre otros fines el de "contribuir a la divulgación y la comunicación para fomentar la integración y adopción de la Agenda 2030 por parte del conjunto de la ciudadanía andaluza".

Así se puede leer en el texto de este decreto, en vigor desde el pasado jueves, 15 de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y consultado por Europa Press, que consta de cinco capítulos, diez artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El Gobierno andaluz justifica la aprobación de este decreto por la necesidad de "adaptar" a la organización del Ejecutivo andaluz conformado en julio de 2022, tras las elecciones autonómicas del 19 de junio del año pasado, "la composición y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, reguladas por el Decreto 484/2019, de 4 de junio".

El decreto fija en cuatro las comisiones delegadas del Gobierno andaluz, que son para Asuntos Sociales, para Asuntos Económicos, para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, y para la Agenda 2030.

Respecto a esta última, la Comisión Delegada para la Agenda 2030, el decreto detalla que estará presidida por el titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y compuesta también por el titular de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que ostentará la Vicepresidencia.

De igual modo, formarán parte de esta comisión delegada las personas titulares de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Salud y Consumo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Universidad, Investigación e Innovación; Turismo, Cultura y Deporte; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; Industria, Energía y Minas, y Justicia, Administración Local y Función Pública.

Las funciones de la Comisión Delegada para la Agenda 2030 "versarán sobre la planificación, impulso y coordinación de las actuaciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030", según especifica el decreto de la Junta.

TAREAS DE LA COMISIÓN DELEGADA

Con "carácter particular", según abunda, "corresponde a la Comisión Delegada para la Agenda 2030" tareas como "conocer las iniciativas, actuaciones, planes, programas y convenios existentes en los ámbitos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible" y "llevar a cabo un seguimiento de su ejecución".

También, "estudiar y proponer al Consejo de Gobierno nuevas acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible"; "instar a otras administraciones y organismos públicos y privados para que impulsen las medidas necesarias para promover el cumplimiento" de los ODS en Andalucía, y "contribuir a la divulgación y la comunicación para fomentar la integración y adopción de la Agenda 2030 por parte del conjunto de la ciudadanía andaluza".

De igual modo, corresponde a esta Comisión Delegada "impulsar la alineación de la planificación estratégica de la Junta de Andalucía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; coordinar la actuación de las Consejerías con incidencia en la consecución" de éstos, e "impulsar planes, programas y proyectos conjuntos de actuación para su aprobación, en su caso, por el Consejo de Gobierno".

Finalmente, "analizar la implantación efectiva de la Agenda 2030 y su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" es otra de las tareas que le asigna el Gobierno andaluz a esta Comisión Delegada, según se recoge en este decreto, rubricado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.