SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del balance de gestión de las ayudas para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad a más de 30.000 pymes y personas trabajadoras autónomas por un importe total de 203 millones de euros. Esta medida, establecida en el Decreto ley 6/2023 de 11 de julio, se puso en marcha de manera urgente, dando así respuesta al compromiso adquirido en el Pacto Económico y Social firmado en marzo de 2023 por la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO y UGT.
Desde el cierre del plazo para solicitar la ayuda, que comenzó el pasado 16 de octubre y hasta la resolución y pago de las ayudas el pasado 31 de diciembre de 2023, han transcurrido tan sólo dos meses y medio, plazo en el que la Junta de Andalucía ha sido capaz de inyectar al tejido productivo andaluz 203 millones de euros, según ha dado cuenta el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
El Decreto ley contemplaba la concesión de ayudas con fondos europeos Feder como medida de apoyo a aquellas pymes y personas trabajadoras autónomas que habían resultado "especialmente afectadas" por el incremento del coste de la energía, en concreto del gas natural y la electricidad, provocado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la consiguiente crisis energética a nivel internacional de materias primas y suministros. Una situación que ha afectado directamente a la cuenta de resultados del tejido económico regional y, con ello, comprometido su capacidad competitiva tras atravesar la pandemia sufrida por la crisis del Covid-19, según la Junta.
Así, pese a los exigentes requisitos de las normas comunitarias para el uso de estos fondos europeos, el Gobierno andaluz consideró necesaria la puesta en marcha de esta ayuda de forma urgente para compensar el sobrecoste energético, convirtiéndose así en la única comunidad autónoma que utilizó estos fondos de forma automatizada y con esta finalidad.
Según el informe, en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, tras meses de trabajo dedicados a pergeñar un diseño innovador, que combinara la eficacia, eficiencia y seguridad en la concesión de las ayudas, se articuló un sofisticado sistema basado en la gestión automatizada. Gracias a esa automatización se garantizaba la comprobación de todos los requisitos previos a la concesión de forma ágil y fiable, incluyendo por primera vez en el historial de la administración autonómica la petición a las comercializadoras de gas natural y electricidad de los datos relativos al consumo y coste energético de los solicitantes.
REPARTO PROVINCIAL DE AYUDAS
Atendiendo a los datos de las ayudas, las individuales han oscilado entre los 300 euros y los 2 millones por beneficiario y, atendiendo a los datos del informe de las ayudas concedidas, el tejido productivo de Almería ha resultado beneficiario de 13,83 millones concedidos a 2.264 beneficiarios; Cádiz, 25,8 millones, a 4.039; Córdoba, 21,23 millones, a 3.467; Granada, 23,11, a 3.668; Huelva, 11,54, a 1.649; Jaén, 23,75, a 2.853; Málaga 35,58, a 5.385; y Sevilla 42,1 millones, a 6.472 beneficiarios. Además, se han otorgado otros 6,7 millones a empresas que desarrollan su actividad en Andalucía, aunque su sede central no está radicada en la comunidad autónoma.
El documento pone en valor también el papel desempeñado por las 190 empresas comercializadoras de gas natural y/o electricidad adheridas a la Manifestación de interés de 18 de mayo de 2023, ya que han contribuido de forma significativa a la simplificación y agilización la ayuda, para que los beneficiarios no tuvieran que aportar ninguna documentación.
Gracias al proceso automatizado de la gestión, se han podido registrar y tratar 2.507.130 facturas remitidas por estas comercializadoras, correspondientes a 187.263 contratos de 143.741 puntos de suministro (CUPS) distintos. De estas facturas, 2.434.098 han correspondido a electricidad y 73.032, a gas natural.
Además de los archivos con información de consumo y facturación remitidos por estas empresas comercializadoras, la gestión de la ayuda ha requerido el intercambio de documentación con diversas fuentes administrativas, tales como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA), lo que ha supuesto a su vez el tratamiento de miles de datos.